- Presidente Belisario Betancur, dedicado a la pintura y la poesía. Ha escrito un libro contando la verdad de lo sucedido que se conocerá después de su muerte.
- Ministro de Gobierno Jaime Castro quien el año pasado expresó que si esta situación se volviera a presentar se actuaría de la misma forma.
- Ministra de Comunicación Noemí Sanín, actualmente embajadora en España. Prohibió que el mensaje del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, solicitando un cese al fuego, fuera retransmitido por los medios de comunicación.
- Ministro de Defensa General Miguel Vega Uribe. Murió en 1994.
- Director General de la Policía, General Víctor Alberto Delgado Mallarino actualmente en retiro, ha dicho que algún día escribirá un libro contando la verdad de los hechos.
- Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ex director de estupefacientes en el gobierno de Alvaro Uribe. Ex candidato al Congreso de la República en las listas uribistas.
- Mayor Carlos Fracica, hoy General y comandante del Plan Patriota.
Hace mas de 21 años, el 7 de noviembre de 1985 a las 2:30 p.m. terminó la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Militares, luego de una reacción desproporcionada, brutal e irracional del Estado Colombiano a la toma realizada por 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril -M-19-, operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, con la que pretendieron realizar un juicio político al entonces Presidente de la República, Belisario Betancur por el fracaso del proceso de negociación.
A esas horas de la tarde salieron del Palacio de Justicia, los últimos sobrevivientes, todos eran llevados a la Casa del Florero, conocido por los colombianos, por la historia de independencia. Durante esos dos días ese lugar fue el espacio de los interrogatorios, de las primeras torturas, allí fueron llevados varios de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. Y luego trasladados a las guarniciones militares y de allí, solo los responsables de la operación militar institucional saben de su paradero. Algunos fueron llevados al Cantón Norte, otros al Batallón Guardia Presidencial. Se cree que algunos después de las torturas fueron asesinados, llevados de nuevo al Palacio de Justicia y colocados entre los restos de personas calcinadas, a otros los enterraron junto con los restos de las víctimas de la erupción del volcán nevado del Ruiz. Muchos de los militares sobreviven, han ocupado cargos en el gobierno del Presidente URIBE, muchos de ellos transitan en las calles de las ciudades colombianos, porque ellos "defendieron la democracia".
En la Casa Museo del Florero, el Comandante de la XIII Brigada y el B-2 de esa Unidad Militar instalaron su Cuartel General. El Teniente Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2, coordinó parte de los operativos. El Capitán Miguel Ángel Cárdenas Obando, de la Sección 2 de la XIII Brigada, el Mayor Vélez del F-2 de Bogotá, y los Mayores Guillermo León Vallejo y Carlos Fracica Naranjo, de la Escuela de Artillería, fueron coordinados por el militar Sánchez. El Comandante de la Escuela de Artillería, Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, fue el coordinador de los operativos de ingreso al Palacio con Tanques Uruburu y Cascabel, con los que rodearon el Palacio de Justicia, lo raquetearon y produjeron el incendio. La toma de la guerrilla del M-19 en el centro de Bogotá se inicio a las 11:30 a.m. del 6 de noviembre, pocos minutos después se inició el ataque policial y de las Fuerzas Militares. Fueron 28 horas de terror estatal a la acción de la guerrilla. No eran posibles los Derechos Humanos, el derecho Humanitario, el Derecho de Gentes. En manos del Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Mayor General Rafael Samudio Molina, y del Comandante de la XIII Brigada del Ejército, quedó el manejo de la toma y la salvaguarda de los rehenes del M-19. El Presidente Belisario Betancur expresó que él asumía toda la responsabilidad.
A pesar del llamado del cese al fuego ante la feroz recuperación de la sede de instancias constitucionales y jurisdiccionales, entre ellos el del Presidente de una de la Corte, el Doctor Alfonso Reyes Echandía, a través de la radio Todelar, a la que la Ministra de Comunicaciones en ese entonces, NOEMI SANIN, hoy embajadora en España, convoco a la "autocensura" y a la transmisión del partido de fútbol Millonarios contra Magdalena. El silencio, la tergiversación no pudo evitar que las transmisiones del ejército fueran grabadas por radioaficionados en los que se prueba los objetivos explícitos de la contra toma militar, de las operaciones desarrolladas y de la responsabilidad de las Fuerzas Militares en más de 100 crímenes entre ellos de los magistrados de las altas cortes. Las víctimas fueron 11 Magistrados, 32 civiles, 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas y del DAS muertos; dos insurgentes y 11 civiles desaparecidos, y dos estudiantes torturados[1].
Muchos de los civiles y guerrilleros habían sido virtualmente ejecutados, mientras que la mayoría de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en poder de miembros del Ejército. Terminada la toma los militares ordenaron la limpieza de los escombros, borraron varias pruebas de su responsabilidad en esa acción, tratando de desviar desde el comienzo la investigación. El aparato de investigación de ese momento, inició la investigación penal, remitiendo las actuaciones correspondientes a los militares implicados en los hechos a los Tribunales Castrenses para su enjuiciamiento. Ningún militar fue condenado por las varias ejecuciones y desapariciones registradas el 6 y 7 de noviembre.La Procuraduría profirió un fallo contra el Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, que produjo un respaldo de los sectores de poder indicando que había "que encontrarle un remedio a esa injusticia". Hoy 21 años después la impunidad es el cimiento del nuevo edificio del Palacio de Justicia. El caso del holocausto del Palacio de Justicia continúa sin esclarecerse judicialmente. La memoria en la historia de las victimas y de sus familias demuestra que la verdad real es la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas y los Crímenes de los Magistrados.
La voluntad del Establecimiento ha sido la impunidad, la focalización de la responsabilidad de los Crímenes a la guerrilla, responsable de los asesinatos de agentes de seguridad y de la fuerza pública y responsables de la primera toma. Pero la lógica cimentada en el Estado de usar la fuerza a como de lugar, la fuerza de la respuesta militar a toda costa, de manera abierta y pública mostró a los colombianos desde ese momento que los Manuales de operación del ejército distan mucho de proteger la vida e integridad de las personas, que los mecanismos de control y de terror no son basados en orden a la justicia sino en el del guerrero vengador. Desde ese día hasta hoy los colombianos conocemos lo que las Fuerzas Militares son capaces de hacer por defender la institucionalidad disfrazada de democracia.
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