Acercamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
La Comisión también afirmó que el M-19 fue financiado por el narcotraficante Pablo Escobar. La versión es recogida de la voz de un antiguo empleado del capo, ahora servidor del paramilitarismo, quien el año pasado en un libro publicado en asocio con una periodista declaró que el millonario pago por la acción había sido recibido por los comandantes Iván Marino Ospina, muerto tres meses antes de la toma, y por el legendario Jaime Bateman Cayón, fallecido en un accidente aéreo tres años atrás. Las mentiras han sido evidentes y ahora son expuestas por esta Comisión como pruebas irrebatibles. Es claro que si está guerrilla hubiera recibido dos millones de dólares como se afirma, no hubiera entrado tan mal armada, hubieran podido comprar las armas antitanque, cuya carencia, de entrada, definió su pronta derrota. Si el M-19 hubiera contado con algún tipo de financiación, el comando que no logró entrar no hubiera tenido que robar un destartalado camión de la plaza de mercado de Corabastos para llegar al sitio, ni se hubieran retirado del lugar juntando monedas para su transporte.
En una grabación enviada a medios de comunicación y autoridades competentes, varios oficiales del ejército denuncian que bajo tortura se intentó obligar a uno de los guerrilleros capturados tras la toma -posteriormente asesinado y desaparecido- a firmar un documento en el cual confesaba haber recibido dinero de la mafia. Los oficiales también alertaron sobre la retención de varios de los empleados de cafetería en batallones militares, incluso revelaron los apellidos de algunos de ellos, quienes, acusados de cómplices de la guerrilla, fueron torturados, asesinados y sus restos desaparecidos en ácido de batería.
El Informe del Tribunal Especial de investigación creado en 1986 con el único propósito de esclarecer estos hechos, afirmó enfáticamente que no existían evidencias de que la toma hubiera sido ejecutada en asocio con la mafia, y es de reconocer que tales vínculos fueron desmentidos, en momentos en los cuales se pagaba por demostrar lo contrario.
Hoy la opinión pública y los principales medios de información del mundo repiten a la ligera que el M-19 entró financiado por Pablo Escobar. Recibieron 2 millones de dólares, mucha plata, para quemar las copias de unos expedientes y asesinar magistrados. Hoy posee mayor credibilidad la versión de un ex empleado del narcotráfico y en la actualidad servidor de las oscuras fuerzas del narcoparamilitarismo, que el testimonio de las victimas, de los testigos y los análisis de la época. El M-19 no era una guerrilla vendida al narcotráfico y eso tiene que quedar muy claro, aunque sea ciertoque esto no la exime de su responsabilidad en los hechos. Su fin era político y por ello acudieron al máximo poder de la justicia del país para plantear una demanda armada ampliamente sustentada.
Sin embargo, hoy nadie quiere hacer mención a las verdaderas causas que impulsaron la toma del Palacio, nadie hace referencia a lo que significó ese frustrado proceso de paz ni a las razones que lo frustraron; nadie quiere escuchar que habían una demanda política clara y no de beneficio propio, porque la guerrilla M-19 no estaba conformada por mercenarios de guerra nacidos en las bandas sicariales de Medellín como los paramilitares; había una propuesta de reconciliación posible y de diálogo nacional. El M-19 incursionó, es cierto, de forma violenta en el Palacio para ser escuchado, para pedir que la reserva moral del país enjuiciará al mandatario por traición a los pactos firmados, para que el país supiera que estaba pasando con los recursos naturales que se entregaban a manos llenas a emporios internacionales, quería que el país supiera que en plena tregua su vocero en las mesas había sido victima de un atentado que casi le cuesta la vida, que el ejército no había cesado sus ataques a los campamentos de paz y que días después de firmada la paz, el pacto de tregua había sido burlado por el Gobierno Nacional. Querían juzgar ese acto de traición y a su máximo representante, el presidente Betancur. Querían mediante la presión de las armas- quizás ese fue su error- obligar al estado colombiano y a todas las fuerzas democráticas de la nación a realizar un gran pacto social que diera garantías a las mayorías empobrecidas y explotadas del país, y querían que se hicieran públicas las actas de la Comisión de Verificación, que demostraban la violenta acción militar en tiempos de "paz".
Hoy pocos quieren reconocer que allí se frustró nuestra última propuesta democrática.
El M-19 se equivocó, por supuesto que se equivocó. No supo interpretar la realidad nacional, no fue capaz de ver que esa honorable corte elegida como juez del gobierno, en primer lugar no tenía potestad para serlo, y en segundo lugar tenía una enemistad casada con las Fuerzas Armadas a las que investigaban por violaciones a los derechos humanos y por primera vez en la historia la alta cúpula militar del país iba a ser enjuiciada por tortura y desaparición forzada. El M-19 no supo reconocer que el ejército deseaba su destrucción a cualquier costo, era una guerrilla extremadamente popular, osada, compuesta por carismáticos líderes, profesionales, había herido el orgullo militar con el robo de cinco mil armas del Cantón Norte cinco años atrás, había burlado su brutalidad con el éxito político alcanzado en la toma de la Embajada Dominicana (Líderado por el Comandante Uno, Rosemberg Pabón. Hoy mano derecha del Presidente Uribe), había sido un enemigo invencible en el plano de la contienda militar, había realizado un atentado contra el general Rafael Samudio Molina, máximo jefe del Ejército Nacional, días antes de la toma, y en otra audaz acción había tomado por asalto el Batallón Cisneros de Armenia colocando a las fuerzas de orden, nuevamente en ridículo ante el país; el Eme tampoco entendió que se encontraba frente a unas Fuerzas Armadas adiestradas en la escuela del sur, en la escuela de la tortura y que no sabían que la guerra tiene unas normas y que existe un derecho internacional humanitario. Y así, ingenuos y optimistas, los retaron en la toma del Palacio y creyeron que un presidente traidor negociaría con ellos. Creyeron que el poder judicial tenía valor en un país tan poco dado a la grandeza de sus gobernantes.
El M-19 se equivocó desde el plano político y militar y pagó las consecuencias con la muerte de todos los guerrilleros que participaron en la toma, a excepción de una sobreviviente que milagrosamente logró salir del país. La gran mayoría de los jóvenes guerrilleros que incursionaron en el Palacio no murieron en la acción del combate sino ejecutados con tiros de gracia como también ya lo demostró Medicina Legal y el estudio forense desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia; es decir en un crimen de guerra. Por ello ninguno de los combatientes que entró al Palacio fue amparado con la ley de indulto firmada en 1989; todos murieron aesinados dentro del Palacio o bajo la tortura en los batallones militares. La comandancia de la organización que no hizo parte del Comando Iván Marino Ospina, también fue posteriormente ejecutada fuera de combate como se recuerda en el caso del Comandante Álvaro Fayad, asesinado junto a una mujer embarazada en extrañas circunstancias el 16 de marzo de 1986 en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. Posteriores investigaciones sobre el caso terminaron prontamente con el exilio forzado de quienes intentaron llegar al fondo del confuso crimen.
La toma del Palacio entonces es la peor muestra de un crimen de estado, orquestado, por no querer ir más lejos ni tener que hacer referencia al poder ejecutivo o a gobiernos extranjeros, por las Fuerzas Armadas.
Los hechos así lo evidencian.
1. Se retira misteriosamente la seguridad del Palacio. Las declaraciones de los oficiales justificando está acción son falsas y esto queda demostrado, sin embargo, estos en vez de ser sancionados son promovidos a cargos superiores. La Comisión de la verdad no intenta esclarecer este hecho, que sin duda se constituye en pieza clave de este siniestro rompecabezas; porque su misterioso retiro contrariando las medidas de seguridad establecidas un mes atrás ante las amenazas de que eran victimas los magistrados por los extraditables y al haber sido descubierto un plan de la guerrilla de tomarse el Palacio, lo que buscaría era tenderle una trampa a la guerrilla, masacrarlas y de paso asesinar a los magistrados que se oponían furiosamente a los desmanes militares.
2. Con celeridad extrema, sin dar tiempo a la negociación política pese a los clamorosos llamados del presidente de la Corte, silenciado por orden de la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín que impuso la censura, se empleó excesivo material de guerra; es decir que desde un comienzo se desconocieron los principios sbre proporcionalidad, limitación y distinción del DIH establecido en acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento.
3. Nunca se intentó negociar con los asaltantes, la política imperante fue la de tierra arrasada y el Presidente nunca aclaró cuál fue su posición y si efectivamente como siempre se ha rumorado, se le propinó un transitorio golpe de Estado o las Fuerzas Armadas desde tiempo atrás ya venían controlando al poder ejecutivo.
4. Las comunicaciones al interior del Palacio fueron misteriosamente cortadas y los contactos que pretendieron establecerse entre insurgencia y gobierno, tanto por parte de la guerrilla al enviar un emisario y de la Cruz Roja al enviar al Presidente de Socorro Nacional, fueron interceptadas por el ejército sin que nunca se diera una explicación satisfactoria.
5. La ministra de Comunicaciones ordenó se transmitieran dos partidos de fútbol para impedir que el país conociera la gravedad de los sucesos que se estaban dando en el centro de la justicia del país. Nunca dio explicaciones satisfactorias.
6. Una vez concluye el operativo de arrasamiento por parte de las fuerzas del estado, se impide el acceso de los peritos de Medicina Legal, los cuerpos fueron minuciosamente lavados y movidos, algunos incinerados como sostuvo una valiente testigo, el lugar fue limpiado por una empresa de aseo y varios restos terminaron en la basura. Se borraron evidencias del lugar de los hechos en forma intencional.
7. La cúpula militar responsable del magnicidio empezó a ser premiada con cargos diplomáticos en el exterior o con cargos de responsabilidad en altas esferas de la vida pública del país; de modo que mientras sus carreras militares iban en ascenso por asesinar, torturar y desaparecer civiles, los familiares de las victimas, además de ser amenazados, fueron silenciados y relegados de todo proceso de reparación o participación social. Fueron beneficiados los victimarios y las victimas excluidas de la memoria nacional.
8. Las Fuerzas Armadas prohibieron se hiciera cotejo balístico de sus armas.
9. Misteriosamente se ordenó exhumar a varios cadáveres de modo presuroso, incluso antes de que pudieran ser reconocidos por sus seres queridos; muchos habiendo sido reconocidos igualmente terminaron en fosa común del cementerio del Sur, posteriormente mezclados con algunas victimas de la tragedia del Nevado del Ruiz ocurrida algunos días después.
10. Se informa a través de los medios de comunicación que el M-19 entró financiado por la mafia para quemar las copias de unos procesos de extradición cuyos originales reposaban en Estados Unidos. Nunca se hace mención de los 1800 procesos, esos si originales, que llevaban los magistrados contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los Derechos Humanos.
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