Después de 21 años del holocausto, la verdad comienza a conocerse*

Informe confirma patrocinio del narcotráfico y excesos del Ejército

La comisión, creada hace una año, les atribuyó responsabilidades al M- 19, al narcotráfico y a la fuerza publica, por el holocausto del Palacio de Justicia.
Informe confirma patrocinio del narcotráfico y excesos del Ejército Después de 21 años del holocausto, la verdad comienza a conocerse

La comisión, creada hace una año, les atribuyó responsabilidades al M- 19, al narcotráfico y a la fuerza publica, por el holocausto del Palacio de Justicia.
*Tomado de Ámbito Jurídico, 20 de Noviembre de 2006. No 214. LEGIS.

El interés de Pablo Escobar no era otro que imperdir la declaratoria de constitucionalidad del tratado de extradición, de la que ya se tenían ponencias favorables elaboradas por magistrados de la Corte Suprema Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y Alfonso Patiño Roselli. Por eso, le pagó dos millones de dólares al M- 19 por la toma del Palacio de Justicia. Esta es una de las conclusiones a las que llegó, en su informe preliminar, la Comisión de la Verdad, integrada hace un año con el fin de esclarecer los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Conformada por los ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia: Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Aníbal Gómez Gallego y José Roberto Herrera Vergara, la comisión le atribuyó la responsabilidad de la toma al grupo guerrillero. Sin embargo, dejó claro que la reacción de la fuerza pública fue desproporcionada.

“En la ciega acción represiva no reparó el Ejército en los destrozos que pudiese ocasionar. La orden en ciertos sectores era disparar a todo el que se asomara, sin tener certeza s eran subversivos o civiles”.

Del mismo modo, los juristas concluyeron que el presidente de la República, Belisario Betancur, no estuvo informado de lo que ocurría en el asalto militar. Por ende, se dio un vacío de poder. “Simplemente fue un espectador del desarrollo de los acontecimientos”.

El 15 de noviembre, la Comisión de la Verdad, integrada por estos juristas, presentó un informe preliminar sobre los hechos que, los días 6 y 7 de noviembre de 1985 cobró la vida de decenas de funcionarios, civiles, militares y guerrilleros.

El informe, cuya presentación solo tiene propósitos académicos e históricos, fue elaborado con el apoyo de la Corte Suprema y de las universidades Javeriana y del Rosario. “…ningún apoyo se encontró en otros entes públicos y privados, a los cuales se acudió desde un principio”, dijeron los comisionados.

Se retiró la vigilancia

Las amenazas de muerte recibidas días atrás por magistrados de las salas Penal y Constitucional, que buscaban presionar la declaratoria de inconstitucionalidad del tratado de extradición suscrito con EE UU, hicieron necesario redoblar la seguridad del Palacio de Justicia.

Sin embargo, el día de la toma, este cerco de protección desapareció misteriosamente. En las investigaciones, se escucharon explicaciones que, para la comisión, no son ciertas. Según lo menciona, “las razones que se han da do para tal desmantelamiento de la seguridad, a fuerza de ser falaces, a nadie convencen”.

Estas justificaciones, dice el informe, van desde la necesidad de desplazar personal para la celebración del día de la Policía Nacional, hasta una supuesta orden directa del presidente de la corte, Alfonso Reyes. Esto último fue desmentido por la comisión.

Los motivos del retiro de la vigilancia no pudieron comprobarse. Sin embargo, la comisión recibió declaraciones según las cuales personas con capacidad de decisión en la fuerza pública habrían facilitado el ingreso de los guerrilleros, para aniquilarlos.

Conexión M-19 – Narcos

“Sin ninguna duda, la primera responsabilidad que cabe señalara sobre el Holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M-19, autor material e intelectual de la toma”, afirma la comisión. Y agrega que, para llevar a cabo su cometido, contó con el respaldo económico del cartel de Medellín.

“En los años 1984 y 1985 miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas”. Según el informe, Iván M. Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo una estrecha amistad y unidad de acción con Escobar. Al suceder Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, a mediados de 1985, continuaron las actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas.

John Jairo Velásquez, lugarteniente de Escobar, declaró que su jefe le pagó dos millones de dólares al M-19 por la toma del Palacio de Justicia. El interés no era otro más que impedir la declaratoria de constitucionalidad del tratado de extradición, del a que ya se tenían ponencias favorables. Justamente, el 6 de noviembre de 195, día del asalto, la única sala que debía sesionar era la Constitucional

No al cese del fuego

Dos horas después del asalto, el Ejército llegó al tercer piso, del palacio, pero no pudo acceder al cuarto, donde se concentraba la acción de los guerrilleros y s encontraban los rehenes, entre ellos, los magistrados de la Corte Suprema que murieron.

“Testigos de ese piso oían gritar al doctor Reyes ‘por favor no disparen, somos rehenes, les habla el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenemos heridos, necesitamos a la Cruz Roja”. Según la comisión, las súplicas de Reyes eran contestadas “con descargas cerradas de ametralladora, rockets y toda clase de armas”. Dice el informe que, cada cinco minutos, el magistrado repetía su clamor y le contestaban con más descargas. Reyes elevó su petición al comandante de la Policía Nacional, Víctor Delgado, quien terminó por atender la llamada que el magistrado le hizo al presidente Belisario Betancur. Según la comisión, el Presidente desdeñó esta súplica, por la condición de rehén de Reyes y el pretexto de que no tenía libertad para hablar.

El operativo de retoma del palacio emprendido por la fuerza pública “fue tan intrépido como torpe, porque de los oficiales del COPES (Comando de Operaciones Especiales), o los del GOES (Grupo de Operaciones Especiales, ambos extintos hoy) que los auxiliaron, ninguno conocía el edificio, no habían estudiado los planos, y tampoco sabían la posición exacta de los rehenes y de sus captores”. La forma como murieron los rehenes y guerrilleros del cuarto piso no quedó clara. Lo cierto, dice la comisión, es que la mayoría de los cuerpos estaban desmembrados, mutilados, calcinados y por lo menos tres de los magistrados: Alfonso Reyes, Ricardo Medina y José Eduardo Gnecco “mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”.

La comisión continúa con el análisis de lo sucedido en los baños de los entrepisos segundo y tercer y tercer y cuarto del sector noroccidental del Palacio de Justicia. En dichos lugares quedaron hacinadas cerca de 60 personas, entre ellas cinco magistrados de la Corte Suprema y tres consejeros de Estado. El combate obligó a los 10 guerrilleros que custodiaban a esos rehenes a orden su desplazamiento al entrepiso del segundo y tercer nivel. La imposibilidad de lograr un cese del fuego recrudeció la batalla que siguió cobrando la vida de magistrados, civiles, militares y guerrilleros.

La respuesta militar

El asalto al Palacio de Justicia no solamente era previsible para la inteligencia militar, sino que también era de conocimiento general, asegura el informe. Semanas antes de los hechos, la noticia de la posible incursión de los guerrilleros recorrió los medios de comunicación.

Una vez acaecida la toma, la “respuesta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran escala”. Más de 1.000 militares participaron en el operativo de la recuperación del edificio: “En la ciega acción represiva no reparó el Ejército en los destrozos que pudiese ocasionar. La orden en ciertos sectores era disparar a todo el que se asomara sin tener certeza si eran subversivos o civiles”, afirma la comisión.

Así mismo, “… militares no solo impidieron que se cumpliera con las más elementales reglas de la investigación criminal, sin oque se incineraron algunos, cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas (…) quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas…”.

A pesar de que los militares rescataron a cerca de 140 rehenes, las cifras de la comisión dan cuenta de la muerte de más de 100 personas, incluyendo 11 desaparecidos.

El informe no desconoce la gravedad sangrienta, terrorista y demencial de la guerrilla, pero no legítima la acción del Estado que, a través de sus Fuerzas Armadas, “desbordó de modo ostensible las potestades que la Constitución y las leyes le conferían”.

El vacío presidencial

El informe crítica la decisión del Gobierno de no negociar, “lo cual no era incompatible con el diálogo ni con las acciones conducentes a la salvaguarda del ávida de los rehenes”.

Así mismo, censura la actitud del Ejecutivo de negarse a hablar con el Presidente de la Corte Suprema. “Nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes. No a cambio de la preservación de las instituciones, porque a nadie le cabe duda que las instituciones democráticas no son negociables. El que sí era imperativo era el diálogo dirigido a proteger la integridad física de los secuestrados, el cual tampoco se dio”, puntualiza el informe.

No hubo una planeación ni operación coordinada de rescate, sino una acción de las Fuerzas Militares encaminada a “arrasar lo que encontraban a su paso, convirtiendo su actuación también en una verdadera operación de aniquilamiento”.

El Presidente de la República tampoco estuvo informado de lo que ocurría. Por ende, se dio un vació de poder, pues “simplemente fue un espectador del desarrollo de los acontecimientos”.

Rastros de la impunidad

Finalmente, el informe se encarga de recapitular cada una de las actuaciones a castigar a los responsables por estos hechos. A lo largo de estas dos décadas, se adelantaron procesos penales, disciplinarios y administrativos. Fallos inhibitorios, cesación de procedimientos por la operación de la prescripción, sentencias absolutorias y procesos políticos se encargaron de cerrarles la puerta a quienes pidieron justicia.

Las reparaciones ordenadas por el Consejo de Estado a los familiares de las víctimas han sido la única respuesta de los tribunales, dice la comisión.

“En todo caso la verdad, derecho irrenunciable e imprescriptible de la sociedad y de todos y cada uno de sus miembro, representa un mínimo de reparación moral para las víctimas y los perjudicados, es fuente de reconciliación humana (…) y constituye el mejor antídoto para que esto oprobiosos hechos nunca se repitan”, concluye el informe..