*Tomado de Revista Cambio. No. 688.
Miércoles 13 de septiembre de 2006
La cúpula militar que ordenó la retoma del Palacio de Justicia puede terminar acusada por la desaparición de 10 personas.
21 años después de la muerte y desaparición de 11 magistrados de la Corte Suprema y otras 89 personas en los hechos del Palacio de Justicia, se llama a rendir declaración a los militares implicados en este holocausto. Al parecer, la justicia cojea pero...llega?.
El miércoles de la semana pasada, el general (r) Rafael Hernández López entró muy tranquilo al búnker de la Fiscalía, pero tres horas más tarde salió notoriamente preocupado. Acababa de responder un agudo y detallado cuestionario de un fiscal especial por su desempeño como comandante de la Escuela de Artillería del Ejército durante la cruenta toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Hernández, que creía enterrado el trágico episodio y a quien desde hacía muchos años, tal vez 15, nadie le había vuelto a preguntar por este, lo tomó por sorpresa el tono del interrogatorio, pues las preguntas iban encaminadas a determinar si hubo o no uso excesivo de la fuerza en la recuperación del Palacio y a establecer qué sabía del paradero de 10 personas que salieron vivas del edificio y cuyo destino se desconoce.
Pero no sólo el general Hernández tiene motivos para estar inquieto. CAMBIO pudo establecer que han pasado por la Fiscalía para diligencias similares los oficiales que en aquel entonces encabezaban la cúpula militar que dirigió las operaciones para recuperar el Palacio donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y que había sido tomado por un comando del M-19. Entre los oficiales que han sido interrogados por la Fiscalía figuran Jesús Armando Arias Cabrales, entonces comandante de la Brigada XIII; el hoy general y entonces coronel Carlos Alberto Fracica; y los coroneles Luis Carlos Sadovnic y Luis Alfonso Plazas Vega . Y no se descarta que el general Rafael Samudio, ex comandante del Ejército, también sea llamado por la Fiscalía.
Hasta hace poco, estos oficiales creían que el fantasma del Palacio de Justicia había sido enterrado de manera definitiva y por ello llevaban una vida tranquila: Samudio, al frente de la Asociación de Militares en Retiro; Arias, como catedrático de la Escuela Militar de Cadetes; Fracica, como agregado militar en Chile; Sadovnic, atendiendo negocios particulares; Plazas, como gerente de una empresa de vigilancia; y Sánchez, como director de la cárcel de mujeres de Guamo, Tolima.
El asunto había salido a flote el 1º de octubre del año pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe en una reunión con colombianos residentes en Miami, refiriéndose al proceso con las Auc, puso su pica en Flandes: "El M-19 quemó el Palacio de Justicia en asociación con el narcotráfico y están indultados -dijo-. Colombia no puede repetir esos errores ni a favor de los paramilitares ni a favor de los guerrilleros".
Pero el tema tomó un vuelo inusitado en el XX aniversario del holocausto, el 6 de noviembre de 2005, cuando el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Nader, dijo que la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema y otras 89 personas no podía quedar en la impunidad, y anunció la creación de una Comisión de la Verdad -integrada por ex magistrados de la corporación, como Nilson Pinilla, Hernando Herrera Vergara y Jorge Aníbal Gómez, entre otros-, que está encomendada a reconstruir los hechos del 6 y el 7 de noviembre para que, por fin, el país conozca la verdad de lo que allí sucedió.
El tema quedó a flor de piel y el Fiscal General, Mario Iguarán, decidió asumirlo y manifestó su intención de reactivar investigaciones que habían quedado sospechosamente congeladas, en particular un proceso abierto en 2002 por la desaparición de 10 personas, entre ellas varios empleados de la cafetería del Palacio. Para ello integró una comisión especial de fiscales delegados ante la Corte, a la que encargó la tarea de recopilar nuevas evidencias para reabrir el caso.
Televisión, la clave
La investigación empezó con los familiares de los desaparecidos, entre los cuales el más vehemente fue Enrique Rodríguez, padre de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería, un hombre de 83 años que lleva 21 intentando que alguien le dé razón del paradero de su hijo. Hernández y sus compañeros de esa larga y hasta ahora infructuosa tarea señalaron a los altos oficiales como los directos responsables de la desaparición de sus familiares. Pero, además, 60 testigos aseguraron a los fiscales haber visto cómo algunas personas salieron vivas del Palacio y fueron conducidas por militares a la Casa del Florero, donde estaba el centro de operaciones de la Fuerza Pública. "La Justicia ha estado vendida o no ha querido hacer las investigaciones -ha dicho Hernández una y otra vez-. A Carlos Augusto los militares lo sacaron con vida, se lo llevaron, lo asesinaron y lo desaparecieron. Hemos mostrado los videos donde está la salida de mi hijo y otras personas y cómo se los llevaron y los desaparecieron".
Con esta información, los fiscales se dedicaron a buscar las cintas de video y el material fílmico que habían grabado los noticieros de la época -TV Hoy, Nacional, Noticiero de las 7 y 24 Horas, entre otros- y canales internacionales. Estaban seguros de que eran fundamentales para verificar la hipótesis de las desapariciones y, contrario a sus antecesores, que sólo examinaron el material editado que había salido al aire, dedicaron largas jornadas a ver todas y cada una de las grabaciones. En una de esas sesiones, cuando revisaban un material de Televisión Española, en una secuencia de 37 segundos, grabada desde un lugar privilegiado de la Plaza de Bolívar, vieron el momento en que el administrador de la cafetería es sacado a empellones del Palacio de Justicia por dos soldados que lo trasladan a la Casa del Florero.
Las imágenes no dejaban duda: Rodríguez y los dos uniformados son tomados de frente por la cámara. Eran las imágenes más nítidas que habían pasado frente a sus ojos. Hoy, la secuencia es analizada por expertos, pues hay indicios de que en esos mismos momentos otros empleados de la cafetería fueron sacados con la cabeza cubierta.
Los fiscales llamaron a declarar a varios oficiales, entre ellos a los generales Arias, Hernández y Fracica, y a los coroneles Plazas y Sadovnic. En fuentes judiciales, CAMBIO estableció que los militares respondieron que en todo momento cumplieron órdenes superiores. Pero cuando los fiscales les preguntaron por su actuación concreta durante la retoma, los oficiales cayeron en varias contradicciones. Sólo coincidieronen una cosa: que si hay desaparecidos el que debe responder es el coronel Sánchez Rubiano, entonces director de Inteligencia de la Brigada XIII y el encargado de recibir a las personas que eran rescatadas del Palacio.
Luego de examinar los videos y de analizar los más de 60 testimonios recopilados en los últimos ocho meses, los fiscales especiales redactaron un extenso documento en el que le recomiendan al fiscal Iguarán darle un nuevo impulso al proceso y vincular mediante indagatoria a algunos militares comprometidos en la retoma del Palacio de Justicia.
Pasos de animal grande
El martes 22 de agosto, el Fiscal General anunció que había llamado a indagatoria al coronel Sánchez Rubiano para que respondiera por delitos de secuestro y desaparición forzada. Y aunque la decisión fue registrada con reserva por la opinión, los militares que participaron en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 sintieron pasos de animal grande. CAMBIO pudo establecer que algunos generales y coroneles se han reunido para diseñar una estrategia de defensa en caso de que la Fiscalía los llame a indagatoria. "Se la van a jugar a fondo para demostrar que sus conductas ya prescribieron, que obedecieron a sus superiores y que su comportamiento está cobijado por el fuero militar", reveló un oficial que está enterado de esos encuentros.Sin embargo, la Fiscalía asegura que los delitos de desaparición forzada y secuestro son de carácter permanente y que sólo prescriben cuando la persona desaparecida es encontrada viva o muerta. "En este caso la Fiscalía sabe que va a la fija -dijo uno de los penalistas consultados por CAMBIO-. A los procesados por desaparición forzada no les va a quedar otra salida que revelar el sitio donde están los desaparecidos o ir a la cárcel".
No cabe duda de que Colombia en 20 años algo ha cambiado y da la impresión de que existe un ambiente favorable para que se conozca la verdad sobre el Palacio de Justicia. Si entonces el Congreso absolvió de toda responsabilidad al presidente Belisario Betancur; si la Justicia Penal Militar archivó los expedientes abiertos contra los miembros de la Fuerza Pública; si pocos años después del holocausto fueron amnistiados los guerrilleros del M-19, como resultado de un procesos de paz; si el país echó tierra sobre un episodio que nunca fue aclarado y algunas de las víctimas siguen vivas y no olvidan, hoy parece haber una situación distinta y no hay que descartar que algunos de los responsables de los delitos cometidos entonces, tengan ahora que ir al banquillo de los acusados.
Pero no sólo algo ha cambiado en el país. También es un hecho que existe una Corte Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, constituido en su versión contemporánea por los Convenios de Ginebra, un conjunto de normas para proteger a las personas de las calamidades de los conflictos armados y limitar los métodos y medios utilizados en la guerra, que Colombia ha suscrito y está obligada a cumplir.
El afán de tender un manto de olvido sobre la tragedia del Palacio de Justicia explica por qué en investigaciones anteriores no fueron tenidos en cuenta los videos y las declaraciones de numerosos testigos, entre ellos miembros del Ejército y de la Policía. Por qué fue retirada la vigilancia del edificio un día antes de la toma; quién dio la orden de ocupar a sangre y fuego el cuarto piso del Palacio donde murieron 40 personas, entre ellas los 11 magistrados de la Corte Suprema; quién inició el fuego la noche del 6 de noviembre; por qué lavaron con mangueras la escena del crimen; por qué impidieron a Medicina Legal hacer un levantamiento técnico de los restos; cuál fue el papel del narcotráfico; cuáles las responsabilidades de los militares (sólo existe una decisión de fondo en este caso: la destitución del general Arias Cabrales, luego tumbada por el Consejo de Estado). En fin, muchos interrogantes abiertos sobre los cuales, 21 años después, algunas víctimas y muchos colombianos quieren y deben saber las respuestas.
En medio de todo empieza a quedar claro que sin verdad no es posible pasar impunemente las páginas tristes de la historia. Los fantasmas tarde o temprano se levantan. Por eso ahora, cuando el país está embarcado en un proceso de paz con los paramilitares, no sobra recordar lo que dijo el presidente Uribe hace un año y que levantó ampollas: "Colombia no puede repetir esos errores ni a favor de los paramilitares ni a favor de los guerrilleros". ¿Y de los militares, qué?.
DESAPARECIDOS
1. Norma Constanza Esguerra 2. Luz Amparo Oviedo 3. Gloria Anzola4. Héctor Beltrán 5. Cristina Guarín 6. David Suspes
1. Norma Constanza Esguerra 2. Luz Amparo Oviedo 3. Gloria Anzola4. Héctor Beltrán 5. Cristina Guarín 6. David Suspes
YESID REYES EN FRASES
Yesid Reyes Alvarado, hijo del asesinado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, habló con CAMBIO sobre el nuevo impulso que ha tomado el proceso de investigación por los hechos del Palacio de Justicia. Está tan confiado en el éxito de las pesquisas que tomó una decisión crucial: no usará más la corbata negra que lo acompañó desde el 7 de noviembre de 1985.
-"Se lo digo gráficamente: he decidido quitarme la corbata negra. Duré 21 años molesto porque a todo el que preguntaba por lo del Palacio de Justicia le decían que estaba loco. Siempre me dijeron deje así, no moleste".
-"Finalmente tengo la tranquilidad de que se va a saber qué pasó. No se trata de que haya pena de muerte para los responsables, pero por lo menos se va a saber qué pasó".
-"Por primera vez veo un proceso serio de investigación sobre estos hechos".
-"Esto tiene una implicación enorme. Eso pasa con los procesos de paz mal terminados. Todos los días le aparecen nuevos fantasmas. Mire lo que les pasa a Antonio Navarro, a Gustavo Petro".
-"Esto tiene una implicación enorme. Eso pasa con los procesos de paz mal terminados. Todos los días le aparecen nuevos fantasmas. Mire lo que les pasa a Antonio Navarro, a Gustavo Petro".
ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ EN FRASES
Cuando era Procurador General, Alfonso Gómez Méndez destituyó al general Jesús Armando Arias por violaciones al derecho humanitario durante la recuperación del Palacio de Justicia. Años más tarde, en 2001, como Fiscal General, Gómez Méndez creó una comisión especial de fiscales que encontró en una fosa común los restos de Ana Castiblanco, una de las personas desaparecidas del Palacio de Justicia. Por eso, en noviembre pasado, 20 años después del holocausto, Gómez Méndez escribió un documento muy crítico sobre los antecedentes y consecuencias de esa tragedia.
-"Dados los antecedentes inmediatos, nadie -ni siquiera los propios terroristas- imaginó que la reacción del Estado fuera un operativo militar, totalmente desordenado, en el que no contó para nada la vida de los rehenes inocentes".
-"Aquí puede estar la clave para comenzar a desentrañar la verdad de lo que ocurrió. ¿Quién dentro de las Fuerzas Armadas ordenó el retiro de la vigilancia en el edificio? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué los guerrilleros encontraron tan fácil el camino que los llevaba a una inexorable muerte?".
-"Colombia tiene que romper ese ’pacto de silencio’ si en verdad quiere superar sus problemas de violencia. En esa época, alegando la necesidad de la paz, se archivaron apresuradamente todas las investigaciones".
-"No se construye Nación sobre la base del olvido. Es exactamente lo mismo que se quiere hacer ahora frente al mal llamado proceso de paz con los paramilitares. No se quiere que se investigue quiénes los financiaron, apoyaron, estimularon o toleraron incluso desde el lado estatal. El país no debe tenerle miedo a su verdad por dolorosa que sea".
-"Ojalá la Comisión que ha creado la Corte, y la investigación que ha retomado el Fiscal General, logren resolverle al país estos interrogantes, tapados durante veinte años por la ’justicia política’.
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