Comisión de la verdad sobre el Palacio de Justicia, Posiciones Contradictorias

U.Rosario+ U. Nacional+ U. Javeriana

"Sucesos del Palacio de Justicia, Nov. 1985"

Casur 309

Jueves 19 de Abril

4:30 Pm

Después de 21 años del holocausto, la verdad comienza a conocerse*

Informe confirma patrocinio del narcotráfico y excesos del Ejército

La comisión, creada hace una año, les atribuyó responsabilidades al M- 19, al narcotráfico y a la fuerza publica, por el holocausto del Palacio de Justicia.
Informe confirma patrocinio del narcotráfico y excesos del Ejército Después de 21 años del holocausto, la verdad comienza a conocerse

La comisión, creada hace una año, les atribuyó responsabilidades al M- 19, al narcotráfico y a la fuerza publica, por el holocausto del Palacio de Justicia.
*Tomado de Ámbito Jurídico, 20 de Noviembre de 2006. No 214. LEGIS.

El interés de Pablo Escobar no era otro que imperdir la declaratoria de constitucionalidad del tratado de extradición, de la que ya se tenían ponencias favorables elaboradas por magistrados de la Corte Suprema Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y Alfonso Patiño Roselli. Por eso, le pagó dos millones de dólares al M- 19 por la toma del Palacio de Justicia. Esta es una de las conclusiones a las que llegó, en su informe preliminar, la Comisión de la Verdad, integrada hace un año con el fin de esclarecer los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Conformada por los ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia: Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Aníbal Gómez Gallego y José Roberto Herrera Vergara, la comisión le atribuyó la responsabilidad de la toma al grupo guerrillero. Sin embargo, dejó claro que la reacción de la fuerza pública fue desproporcionada.

“En la ciega acción represiva no reparó el Ejército en los destrozos que pudiese ocasionar. La orden en ciertos sectores era disparar a todo el que se asomara, sin tener certeza s eran subversivos o civiles”.

Del mismo modo, los juristas concluyeron que el presidente de la República, Belisario Betancur, no estuvo informado de lo que ocurría en el asalto militar. Por ende, se dio un vacío de poder. “Simplemente fue un espectador del desarrollo de los acontecimientos”.

El 15 de noviembre, la Comisión de la Verdad, integrada por estos juristas, presentó un informe preliminar sobre los hechos que, los días 6 y 7 de noviembre de 1985 cobró la vida de decenas de funcionarios, civiles, militares y guerrilleros.

El informe, cuya presentación solo tiene propósitos académicos e históricos, fue elaborado con el apoyo de la Corte Suprema y de las universidades Javeriana y del Rosario. “…ningún apoyo se encontró en otros entes públicos y privados, a los cuales se acudió desde un principio”, dijeron los comisionados.

Se retiró la vigilancia

Las amenazas de muerte recibidas días atrás por magistrados de las salas Penal y Constitucional, que buscaban presionar la declaratoria de inconstitucionalidad del tratado de extradición suscrito con EE UU, hicieron necesario redoblar la seguridad del Palacio de Justicia.

Sin embargo, el día de la toma, este cerco de protección desapareció misteriosamente. En las investigaciones, se escucharon explicaciones que, para la comisión, no son ciertas. Según lo menciona, “las razones que se han da do para tal desmantelamiento de la seguridad, a fuerza de ser falaces, a nadie convencen”.

Estas justificaciones, dice el informe, van desde la necesidad de desplazar personal para la celebración del día de la Policía Nacional, hasta una supuesta orden directa del presidente de la corte, Alfonso Reyes. Esto último fue desmentido por la comisión.

Los motivos del retiro de la vigilancia no pudieron comprobarse. Sin embargo, la comisión recibió declaraciones según las cuales personas con capacidad de decisión en la fuerza pública habrían facilitado el ingreso de los guerrilleros, para aniquilarlos.

Conexión M-19 – Narcos

“Sin ninguna duda, la primera responsabilidad que cabe señalara sobre el Holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M-19, autor material e intelectual de la toma”, afirma la comisión. Y agrega que, para llevar a cabo su cometido, contó con el respaldo económico del cartel de Medellín.

“En los años 1984 y 1985 miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas”. Según el informe, Iván M. Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo una estrecha amistad y unidad de acción con Escobar. Al suceder Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, a mediados de 1985, continuaron las actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas.

John Jairo Velásquez, lugarteniente de Escobar, declaró que su jefe le pagó dos millones de dólares al M-19 por la toma del Palacio de Justicia. El interés no era otro más que impedir la declaratoria de constitucionalidad del tratado de extradición, del a que ya se tenían ponencias favorables. Justamente, el 6 de noviembre de 195, día del asalto, la única sala que debía sesionar era la Constitucional

No al cese del fuego

Dos horas después del asalto, el Ejército llegó al tercer piso, del palacio, pero no pudo acceder al cuarto, donde se concentraba la acción de los guerrilleros y s encontraban los rehenes, entre ellos, los magistrados de la Corte Suprema que murieron.

“Testigos de ese piso oían gritar al doctor Reyes ‘por favor no disparen, somos rehenes, les habla el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenemos heridos, necesitamos a la Cruz Roja”. Según la comisión, las súplicas de Reyes eran contestadas “con descargas cerradas de ametralladora, rockets y toda clase de armas”. Dice el informe que, cada cinco minutos, el magistrado repetía su clamor y le contestaban con más descargas. Reyes elevó su petición al comandante de la Policía Nacional, Víctor Delgado, quien terminó por atender la llamada que el magistrado le hizo al presidente Belisario Betancur. Según la comisión, el Presidente desdeñó esta súplica, por la condición de rehén de Reyes y el pretexto de que no tenía libertad para hablar.

El operativo de retoma del palacio emprendido por la fuerza pública “fue tan intrépido como torpe, porque de los oficiales del COPES (Comando de Operaciones Especiales), o los del GOES (Grupo de Operaciones Especiales, ambos extintos hoy) que los auxiliaron, ninguno conocía el edificio, no habían estudiado los planos, y tampoco sabían la posición exacta de los rehenes y de sus captores”. La forma como murieron los rehenes y guerrilleros del cuarto piso no quedó clara. Lo cierto, dice la comisión, es que la mayoría de los cuerpos estaban desmembrados, mutilados, calcinados y por lo menos tres de los magistrados: Alfonso Reyes, Ricardo Medina y José Eduardo Gnecco “mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”.

La comisión continúa con el análisis de lo sucedido en los baños de los entrepisos segundo y tercer y tercer y cuarto del sector noroccidental del Palacio de Justicia. En dichos lugares quedaron hacinadas cerca de 60 personas, entre ellas cinco magistrados de la Corte Suprema y tres consejeros de Estado. El combate obligó a los 10 guerrilleros que custodiaban a esos rehenes a orden su desplazamiento al entrepiso del segundo y tercer nivel. La imposibilidad de lograr un cese del fuego recrudeció la batalla que siguió cobrando la vida de magistrados, civiles, militares y guerrilleros.

La respuesta militar

El asalto al Palacio de Justicia no solamente era previsible para la inteligencia militar, sino que también era de conocimiento general, asegura el informe. Semanas antes de los hechos, la noticia de la posible incursión de los guerrilleros recorrió los medios de comunicación.

Una vez acaecida la toma, la “respuesta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran escala”. Más de 1.000 militares participaron en el operativo de la recuperación del edificio: “En la ciega acción represiva no reparó el Ejército en los destrozos que pudiese ocasionar. La orden en ciertos sectores era disparar a todo el que se asomara sin tener certeza si eran subversivos o civiles”, afirma la comisión.

Así mismo, “… militares no solo impidieron que se cumpliera con las más elementales reglas de la investigación criminal, sin oque se incineraron algunos, cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas (…) quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas…”.

A pesar de que los militares rescataron a cerca de 140 rehenes, las cifras de la comisión dan cuenta de la muerte de más de 100 personas, incluyendo 11 desaparecidos.

El informe no desconoce la gravedad sangrienta, terrorista y demencial de la guerrilla, pero no legítima la acción del Estado que, a través de sus Fuerzas Armadas, “desbordó de modo ostensible las potestades que la Constitución y las leyes le conferían”.

El vacío presidencial

El informe crítica la decisión del Gobierno de no negociar, “lo cual no era incompatible con el diálogo ni con las acciones conducentes a la salvaguarda del ávida de los rehenes”.

Así mismo, censura la actitud del Ejecutivo de negarse a hablar con el Presidente de la Corte Suprema. “Nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes. No a cambio de la preservación de las instituciones, porque a nadie le cabe duda que las instituciones democráticas no son negociables. El que sí era imperativo era el diálogo dirigido a proteger la integridad física de los secuestrados, el cual tampoco se dio”, puntualiza el informe.

No hubo una planeación ni operación coordinada de rescate, sino una acción de las Fuerzas Militares encaminada a “arrasar lo que encontraban a su paso, convirtiendo su actuación también en una verdadera operación de aniquilamiento”.

El Presidente de la República tampoco estuvo informado de lo que ocurría. Por ende, se dio un vació de poder, pues “simplemente fue un espectador del desarrollo de los acontecimientos”.

Rastros de la impunidad

Finalmente, el informe se encarga de recapitular cada una de las actuaciones a castigar a los responsables por estos hechos. A lo largo de estas dos décadas, se adelantaron procesos penales, disciplinarios y administrativos. Fallos inhibitorios, cesación de procedimientos por la operación de la prescripción, sentencias absolutorias y procesos políticos se encargaron de cerrarles la puerta a quienes pidieron justicia.

Las reparaciones ordenadas por el Consejo de Estado a los familiares de las víctimas han sido la única respuesta de los tribunales, dice la comisión.

“En todo caso la verdad, derecho irrenunciable e imprescriptible de la sociedad y de todos y cada uno de sus miembro, representa un mínimo de reparación moral para las víctimas y los perjudicados, es fuente de reconciliación humana (…) y constituye el mejor antídoto para que esto oprobiosos hechos nunca se repitan”, concluye el informe..

¡A defenderse, Maestro!*

*Tomado de www.cambio.com.co, el Sábado 17 de marzo de 2007


CON SU TRADICIONAL aire altivo, el coronel ¿ Alfonso Plazas Vega llegó el viernes muy temprano a la Fiscalía. A diferencia de otras citaciones a las que tuvo que responder en los últimos 20 años como declarante o testigo, en esta oportunidad el requerimiento era para rendir indagatoria frente a una fiscal delegada ante la Corte Suprema por el caso de la desaparición de 11 personas tras la cruenta toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Cuando ingresó al despacho judicial, Plazas Vega se veía inquieto. No era para menos. Cuando hace dos años la Fiscalía reabrió el caso, encontró nuevos elementos que demostraban que militares que participaron en el rescate de la edificación podían estar involucrados en esas desapariciones.

Por este caso han sido detenidos el coronel ¿ Edilberto Sánchez Rubiano, director de Inteligencia de la brigada 13 del Ejército, y su subalterno, el capitán Óscar William Vásquez quienes, según la fiscal del caso, no pudieron explicar el paradero de varias personas que salieron vivas del Palacio y que fueron conducidas a la Casa del Florero, bajo control del Ejército. En esa época, el coronel Plazas Vega aseguró en varias entrevistas que, en su calidad de comandante de la Escuela de Caballería, había cumplido con la tarea de rescatar a los rehenes y entregárselos a Sánchez Rubiano.

Lo que Plazas Vega no sabía era que desde diciembre pasado los investigadores habían puesto los ojos sobre él. Tenían documentos y testimonios que le atribuían una mayor responsabilidad en la retoma del Palacio y en los sucesos posteriores con las 11 personas desaparecidas.

Instrucciones claras
En fuentes cercanas a la investigación, CAMBIO estableció que una de las pruebas del expédiente contra Plazas es un folleto titulado Instructivo de Inteligencia contra el autodenominado M-19, hecho por el Ejército en 1980, que indica que la cúpula militar de la época señaló responsabilidades específicas no sólo al B2 de la brigada 13, encargada de tareas de inteligencia, sino a otras unidades tácticas de Bogotá, como la Escuela de Caballería, entonces comandada por Plazas Vega.

"Una de las actividades de la Unidad de Inteligencia es la de identificar, capturar e interrogar a los miembros de ese grupo subversivo", dice uno de los apartes del Instructivo, y agrega que esa función será compartida por el B2 de la brigada y la Escuela de Caballería.

El revelador documento, hallado hace un par de meses entre archivos olvidados en una bodega de la brigada 13 al norte de Bogotá, es para la Fiscalía una evidencia de que Plazas Vega llegó al Palacio de Justicia con conocimiento previo del comando del M-19 que se la había tomado y con los nombres de algunas personas que, según el Ejército, habían facilitado el acceso de los guerrilleros a los pisos superiores del edificio. "Esta nueva evidencia demostraría que el coronel Plazas cumplió un doble papel en los hechos del Palacio de Justicia: uno operacional y uno de inteligencia contra objetivos predeterminados", le dijo a CAMBIO uno de los investigadores.

Según los fiscales encargados del proceso, algunas de las 40 personas que de acuerdo con los registros fueron retenidas en la Casa del Florero, fueron enviadas en secreto a la Escuela de Caballería y confinadas en las pesebreras de la Escuela. Según la investigación, habían enviado los caballos al criadero de Bonza, cerca de Duitama, Boyacá. Pero, además, hay testimonios de militares retirados y de otros testigos que dicen haber presenciado la llegada de varias personas a la Escuela y algunos los interrogatorios. Sobre esto, Plazas Vega debió dar explicaciones la semana pasada, porque entonces era el comandante de la Escuela de Caballería.

Durante la larga sesión de indagatoria, cuyos resultaron no se conocían al cierre de esta edición, Plazas Vega debió exigirse a fondo para convencer a quienes lo interrogaron, de que su papel en los cruentos hechos de la retoma del Palacio de Justicia, donde murieron más de 100 personas, entre ellos 18 magistrados, se limitó a ingresar al edificio y a rescatar rehenes. No la tiene fácil el coronel que hace 20 años llenó titulares con la frase: "¡Defendiendo la democracia, maestro!".

FRASES DEL CORONEL

• "¡Aquí defendiendo la democracia, maestro!". (6 de noviembre, 1985)
• "Mi general Arias Cabrales concretamente dio la orden de ingresar al Palacio de Justicia utilizando los vehículos blindados". (27 de diciembre , 2006)
• "Sacamos 245 personas que rescatamos de los asaltantes. Los entregaron en la Casa del Florero a diferentes comandantes para que constataran sus antecedentes judiciales". (18 de febrero, 2007)

"Yo estaba encargado de la parte operativa que buscaba liberar a magistrados y funcionarios del Palacio, por lo que desconozco la suerte de los civiles que fueron evacuados". ( 6 de febrero, 2007)

EL FANTASMA DE LAS PESEBRERAS
Las pesebreras de la Escuela de Caballería se hicieron famosas en el gobierno presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), porque allí eran llevadas las personas señaladas por el Ejército de ser auxiliadoras del M-19, grupo que en 1979 robó 5.000 armas del Cantón Norte de Bogotá y en 1980 se tomó la Embajada de República Dominicana, entre otros.

El caricaturista Héctor Osuna hizo entonces para El Espectador las más incisivas y críticas caricaturas sobre las pesebreras y las torturas de los militares a los enemigos del gobierno del Estatuto de Seguridad, promulgado para frenar el avance del M-19.

Organismos de Derechos Humanos denunciaron, en su momento, que en las caballerizas de Usaquén eran torturados los enemigos del Gobierno y existen decenas de testimonios en periódicos y libros sobre las torturas que aplicaban los militares, encabezados por el ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho.

Cronología del Holocausto

Martes 8 de Noviembre de 2005
Cronología del Holocausto


Por Henry Amariles y William Montoya*

delaurbedigital@embera.udea.edu.co

Durante meses, un equipo de investigadores, en cabeza de la Curadora de Historia del Museo de la Universidad de Antioquia, Martha Villafañe, revisó periódicos y grabaciones radiales y televisivas para reconstruir temporalmente los hechos de la Toma del Palacio de Justicia. Dicho trabajo fue recogido en un Catálogo titulado: “1985-2005: Holocausto, 20 años de la toma del Palacio de Justicia”, el cual también recoge los trabajos documentales y artísticos que se realizaron con motivo de la tercera convocatoria del Premio Memoria.
Aquí está el resultado de dicha investigación, una cronología de los hechos, hora tras hora:

17 de octubre de 1985 -Son detenidos dos guerrilleros que merodeaban alrededor del Palacio de Justicia, con planos de la edificación en su poder. Horas después se incauta un disquete con la proclama que sería pronunciada en la toma. Durante 21 días el Palacio de Justicia tuvo protección especial.

6 de noviembre de 1985 -Desde las primeras horas de la mañana, guerrilleras camufladas como visitantes, ingresaron al palacio.

• 11:40 a.m. -Un camión carpado Ford 51, se estaciona frente al parqueadero del Palacio de Justicia. Descienden del vehículo cerca de 30 guerrilleros del M-19 fuertemente armados y atacan a efectivos de seguridad en el sótano.
• 11:50 a.m. -Unidades de la Policía, Batallón Guardia Presidencia y F2 tienden cerco alrededor del Palacio de Justicia, iniciando el contraataque.
• 12:10 p.m.- Llegan refuerzos del ejército y del grupo antiexplosivos del F2. Se comienza a coordinar el operativo para el rescate de las personas que se encuentran en el primer piso.
• 12:25 p.m.- El presidente Belisario Betancur convoca a reunión de emergencia a los ministros del despacho.
• 12:55 p.m. -Llegan cuatro tanques “Cascabel” y dos carros blindados, a las entradas del sótano principal del Palacio.
• 1:02 p.m. -Se conocen las primeras versiones que atribuyen la acción al grupo insurgente M-19. Luis Otero, Jefe del Comando “Iván Marino Ospina”, habla telefónicamente con los medios de comunicación y anuncia la proclama de la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.
• 1:50 p.m.- Se escuchan cuatro explosiones en serie en el sótano.
• 2:00 p.m.Asciende por las gradas de la puerta principal del Palacio de Justicia un tanque “Cascabel”, destrozando la entrada, seguido por un segundo tanque. Los integrantes del M-19 se repliegan hacia el tercer y cuarto piso.
• 2:18 p.m.- Agentes del GOES descienden desde helicópteros de la Policía a la terraza.
• 2:22 p.m. -Ingresa un tercer tanque. Casi inmediatamente se escuchan nuevas explosiones y comienza a salir una columna de humo. Llegan otros dos helicópteros con personal del GOES.
• 3:00 p.m.- Comienza la evacuación de personas que son trasladas a la Casa Museo del 20 de julio.
• 4:30 p.m.-El ejército tiene control del sótano y los primeros pisos. A través de la cadena radial TODELAR, el Magistrado Alfonso Reyes Echandía, presionado por los comandantes del M-19, quienes exigían la publicación de una consigna en los periódicos del país, hace un llamado vehemente pidiendo el cese al fuego y es comunicado por este medio con el General Delgado Mallarino, comisionado por el Consejo de Ministros para establecer contacto con los guerrilleros. El presidente Betancur se niega a dialogar con el Dr. Reyes, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
• 5:00 p.m.- Se reinicia el tiroteo, luego de ser evacuadas otras personas entre ellas Jaime Betancur, hermano del presidente.
• 6:10 p.m.- Se escucha el estallido de un explosivo en el cuarto piso. Senado y Cámara dan a conocer sus declaraciones de rechazo a la toma. El Ministro de Justicia, Enrique Parejo, intenta infructuosamente comunicarse con los guerrilleros.
• 8:00 p.m.- El primer rocket lanzado por el ejército impacta en el costado oriental del edificio produciendo un gran estruendo. Se escuchan nuevas explosiones, de rocket y de poderosas cargas de dinamita. Inmediatamente se evacuan las edificaciones cercanas.
• 8:35 p.m.-Se desata un voraz incendio en el tercer piso de la parte oriental del Palacio que se extiende hasta los pisos cuarto y quinto y que durará hasta el otro día. Los bomberos combaten las llamas.
• 9:00 p.m.- Son evacuadas otras 60 personas. Los guerrilleros impiden el acceso de los bomberos al techo del edificio.
• 10:15 p.m.- El gobierno propone a los guerrilleros un juicio ecuánime si se rinden.
• 10:30 p.m.- Culmina reunión en la Casa de Nariño, en la cual representantes del Congreso piden al Gobierno no negociar con los guerrilleros.
• 11:15 p.m.- El Ejército toma el control del tercer piso y evacua a todas las personas que se encuentran en él. Poco después, Clara Forero de Castro esposa del Ministro de Gobierno, Jaime Castro, es liberada. El General Víctor Delgado Mallarino reconoce que la situación en el Palacio de Justicia es difícil.
• 11:40 p.m.- Nuevos rescatados confirman que los archivos de la Corte Suprema de Justicia han sido quemados.
• 12:00 a.m.- El incendio parece haber sido controlado por los militares. Hasta esta hora han sido rescatadas 300 personas, según anuncio oficial.

7 de noviembre de 1985

• 00:00 -Relativa calma. Disparos esporádicos, en tanto que continúa la reunión de emergencia en la Casa de Nariño.
• 1:15 a.m.- Los cuerpos de seguridad calculan que se encuentran todavía en el Palacio de Justicia unos diez guerrilleros. Cobra nueva fuerza el incendio en el Palacio.
• 2:10 a 6:00 a.m.- Se respira una tensa calma hasta el amanecer.
• 6:00 a.m.- Llega un equipo de asalto antiguerrilla urbana con 93 uniformados. Entra el primer grupo de la XIII Brigada y su Comandante General Arias Cabrales.
• 6:30 a.m.- Ingresan dos nuevos tanques por la puerta principal del Palacio de Justicia y se reinicia el tiroteo.
• -7:08 a.m.- Se intensifica el incendio que se creía controlado en la parte noroccidental del Palacio. Se escuchan explosiones como de rockets o bazooka.
• 7:40 a.m. -Un helicóptero de la Policía aterriza en la Plaza de Bolívar.
• 8:20 a.m.- El ejército libera a 7 personas más. Se trata de algunos conductores de los magistrados. Se conoce además que durante la liberación de los primeros rehenes, un hombre de tez morena y una mujer joven fueron trasladados a la Brigada.
• 8:30 a.m.- El Magistrado Reinaldo Arciniegas logra salir con vida y se dirige a la Casa del Florero llevando informaciones encomendadas por Andrés Almarales. Además avisa que 15 personas se encuentran en el baño del tercer piso.
• 9:00 a.m.- Nueva reunión del presidente Betancur y su gabinete ministerial.
• 9:35 a.m. -La Casa del Museo del 20 de julio es acondicionada como cuartel de las fuerzas del orden.
• 10:00 a.m. -Se produce una violenta explosión.
• 10:15 a.m.- El M-19 da un ultimátum al gobierno hasta el mediodía, anunciando que darán muerte cada media hora a los rehenes y arrojarán los cadáveres por la ventana.
• 10:20 a.m.- Luis Carlos Galán Sarmiento, jefe del Nuevo Liberalismo, expide un comunicado reiterando su apoyo al gobierno e insistiendo en la necesidad de dialogar para evitar más muertes.
• 11:25 a.m. -Las fuerzas del orden controlan el cuarto piso del edificio de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
• 11:30 a.m.- El ejército asegura haber encontrado cerca de 25 guerrilleros muertos en los tres primeros pisos del Palacio de Justicia.
• 11:40 a.m.- Se cumplen 24 horas de la toma.
• 11:45 a.m.- Sigue el tiroteo y se evacuan ocho cadáveres completamente calcinados, que el gobierno identifica como guerrilleros.
• 12:40 p.m.- La lucha se concentra en el cuarto piso.
• 12:47 p.m.- El ejército ordena a los periodistas, por razón de operativo especial, desalojar la carrera séptima.
• 1:00 p.m.- Comunicado del Gobierno, por radio y televisión, informa sobre la evacuación de 200 personas.
• 1:25 p.m.- Carlos Martínez Silva, Presidente del Socorro de la Cruz Roja, con cinco socorristas y medicamentos, trata de ingresar al Palacio, lo que causa gran confusión y revuelo.
• 2:15 p.m.- Se inicia operativo de rescate. Al ingreso de la Comisión de la Cruz Roja, el ejército toma el control absoluto del Palacio. Los rockets disparados por el ejército lograron destruir los nidos de ametralladora de los guerrilleros. Salen nuevos rehenes y cinco guerrilleros detenidos. Después otros dos, encañonados por efectivos del GOES.
• 2:28 p.m.-Se escucha una última ráfaga. Autorizados por Almarales, salen los últimos rehenes. El total de rehenes liberados durante el golpe final asciende a treinta y tres. Se escucha una última explosión y el silencio cubre lo que minutos antes era un campo de batalla.
• 4:10 p.m.- Se da a conocer la muerte de Luis Otero, Andrés Almarales y Alfonso Jacquin.
• 4:20 p.m.- Los altos mandos del ejército toman posesión de las ruinas humeantes del Palacio. Fin oficial de la toma del Palacio de Justicia.

*Estudiantes de Periodismo de la Universidad de Antioquia.
Delaurbe Digital-delaurbedigital@comunicaciones.udea.edu.co

Generales Al Banquillo

*Tomado de Revista Cambio. No. 688.

Miércoles 13 de septiembre de 2006

La cúpula militar que ordenó la retoma del Palacio de Justicia puede terminar acusada por la desaparición de 10 personas.

21 años después de la muerte y desaparición de 11 magistrados de la Corte Suprema y otras 89 personas en los hechos del Palacio de Justicia, se llama a rendir declaración a los militares implicados en este holocausto. Al parecer, la justicia cojea pero...llega?.

El miércoles de la semana pasada, el general (r) Rafael Hernández López entró muy tranquilo al búnker de la Fiscalía, pero tres horas más tarde salió notoriamente preocupado. Acababa de responder un agudo y detallado cuestionario de un fiscal especial por su desempeño como comandante de la Escuela de Artillería del Ejército durante la cruenta toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Hernández, que creía enterrado el trágico episodio y a quien desde hacía muchos años, tal vez 15, nadie le había vuelto a preguntar por este, lo tomó por sorpresa el tono del interrogatorio, pues las preguntas iban encaminadas a determinar si hubo o no uso excesivo de la fuerza en la recuperación del Palacio y a establecer qué sabía del paradero de 10 personas que salieron vivas del edificio y cuyo destino se desconoce.

Pero no sólo el general Hernández tiene motivos para estar inquieto. CAMBIO pudo establecer que han pasado por la Fiscalía para diligencias similares los oficiales que en aquel entonces encabezaban la cúpula militar que dirigió las operaciones para recuperar el Palacio donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y que había sido tomado por un comando del M-19. Entre los oficiales que han sido interrogados por la Fiscalía figuran Jesús Armando Arias Cabrales, entonces comandante de la Brigada XIII; el hoy general y entonces coronel Carlos Alberto Fracica; y los coroneles Luis Carlos Sadovnic y Luis Alfonso Plazas Vega . Y no se descarta que el general Rafael Samudio, ex comandante del Ejército, también sea llamado por la Fiscalía.

Hasta hace poco, estos oficiales creían que el fantasma del Palacio de Justicia había sido enterrado de manera definitiva y por ello llevaban una vida tranquila: Samudio, al frente de la Asociación de Militares en Retiro; Arias, como catedrático de la Escuela Militar de Cadetes; Fracica, como agregado militar en Chile; Sadovnic, atendiendo negocios particulares; Plazas, como gerente de una empresa de vigilancia; y Sánchez, como director de la cárcel de mujeres de Guamo, Tolima.

El asunto había salido a flote el 1º de octubre del año pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe en una reunión con colombianos residentes en Miami, refiriéndose al proceso con las Auc, puso su pica en Flandes: "El M-19 quemó el Palacio de Justicia en asociación con el narcotráfico y están indultados -dijo-. Colombia no puede repetir esos errores ni a favor de los paramilitares ni a favor de los guerrilleros".

Pero el tema tomó un vuelo inusitado en el XX aniversario del holocausto, el 6 de noviembre de 2005, cuando el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Nader, dijo que la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema y otras 89 personas no podía quedar en la impunidad, y anunció la creación de una Comisión de la Verdad -integrada por ex magistrados de la corporación, como Nilson Pinilla, Hernando Herrera Vergara y Jorge Aníbal Gómez, entre otros-, que está encomendada a reconstruir los hechos del 6 y el 7 de noviembre para que, por fin, el país conozca la verdad de lo que allí sucedió.

El tema quedó a flor de piel y el Fiscal General, Mario Iguarán, decidió asumirlo y manifestó su intención de reactivar investigaciones que habían quedado sospechosamente congeladas, en particular un proceso abierto en 2002 por la desaparición de 10 personas, entre ellas varios empleados de la cafetería del Palacio. Para ello integró una comisión especial de fiscales delegados ante la Corte, a la que encargó la tarea de recopilar nuevas evidencias para reabrir el caso.

Televisión, la clave
La investigación empezó con los familiares de los desaparecidos, entre los cuales el más vehemente fue Enrique Rodríguez, padre de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería, un hombre de 83 años que lleva 21 intentando que alguien le dé razón del paradero de su hijo. Hernández y sus compañeros de esa larga y hasta ahora infructuosa tarea señalaron a los altos oficiales como los directos responsables de la desaparición de sus familiares. Pero, además, 60 testigos aseguraron a los fiscales haber visto cómo algunas personas salieron vivas del Palacio y fueron conducidas por militares a la Casa del Florero, donde estaba el centro de operaciones de la Fuerza Pública. "La Justicia ha estado vendida o no ha querido hacer las investigaciones -ha dicho Hernández una y otra vez-. A Carlos Augusto los militares lo sacaron con vida, se lo llevaron, lo asesinaron y lo desaparecieron. Hemos mostrado los videos donde está la salida de mi hijo y otras personas y cómo se los llevaron y los desaparecieron".

Con esta información, los fiscales se dedicaron a buscar las cintas de video y el material fílmico que habían grabado los noticieros de la época -TV Hoy, Nacional, Noticiero de las 7 y 24 Horas, entre otros- y canales internacionales. Estaban seguros de que eran fundamentales para verificar la hipótesis de las desapariciones y, contrario a sus antecesores, que sólo examinaron el material editado que había salido al aire, dedicaron largas jornadas a ver todas y cada una de las grabaciones. En una de esas sesiones, cuando revisaban un material de Televisión Española, en una secuencia de 37 segundos, grabada desde un lugar privilegiado de la Plaza de Bolívar, vieron el momento en que el administrador de la cafetería es sacado a empellones del Palacio de Justicia por dos soldados que lo trasladan a la Casa del Florero.
Las imágenes no dejaban duda: Rodríguez y los dos uniformados son tomados de frente por la cámara. Eran las imágenes más nítidas que habían pasado frente a sus ojos. Hoy, la secuencia es analizada por expertos, pues hay indicios de que en esos mismos momentos otros empleados de la cafetería fueron sacados con la cabeza cubierta.

Los fiscales llamaron a declarar a varios oficiales, entre ellos a los generales Arias, Hernández y Fracica, y a los coroneles Plazas y Sadovnic. En fuentes judiciales, CAMBIO estableció que los militares respondieron que en todo momento cumplieron órdenes superiores. Pero cuando los fiscales les preguntaron por su actuación concreta durante la retoma, los oficiales cayeron en varias contradicciones. Sólo coincidieronen una cosa: que si hay desaparecidos el que debe responder es el coronel Sánchez Rubiano, entonces director de Inteligencia de la Brigada XIII y el encargado de recibir a las personas que eran rescatadas del Palacio.

Luego de examinar los videos y de analizar los más de 60 testimonios recopilados en los últimos ocho meses, los fiscales especiales redactaron un extenso documento en el que le recomiendan al fiscal Iguarán darle un nuevo impulso al proceso y vincular mediante indagatoria a algunos militares comprometidos en la retoma del Palacio de Justicia.

Pasos de animal grande
El martes 22 de agosto, el Fiscal General anunció que había llamado a indagatoria al coronel Sánchez Rubiano para que respondiera por delitos de secuestro y desaparición forzada. Y aunque la decisión fue registrada con reserva por la opinión, los militares que participaron en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 sintieron pasos de animal grande. CAMBIO pudo establecer que algunos generales y coroneles se han reunido para diseñar una estrategia de defensa en caso de que la Fiscalía los llame a indagatoria. "Se la van a jugar a fondo para demostrar que sus conductas ya prescribieron, que obedecieron a sus superiores y que su comportamiento está cobijado por el fuero militar", reveló un oficial que está enterado de esos encuentros.Sin embargo, la Fiscalía asegura que los delitos de desaparición forzada y secuestro son de carácter permanente y que sólo prescriben cuando la persona desaparecida es encontrada viva o muerta. "En este caso la Fiscalía sabe que va a la fija -dijo uno de los penalistas consultados por CAMBIO-. A los procesados por desaparición forzada no les va a quedar otra salida que revelar el sitio donde están los desaparecidos o ir a la cárcel".

No cabe duda de que Colombia en 20 años algo ha cambiado y da la impresión de que existe un ambiente favorable para que se conozca la verdad sobre el Palacio de Justicia. Si entonces el Congreso absolvió de toda responsabilidad al presidente Belisario Betancur; si la Justicia Penal Militar archivó los expedientes abiertos contra los miembros de la Fuerza Pública; si pocos años después del holocausto fueron amnistiados los guerrilleros del M-19, como resultado de un procesos de paz; si el país echó tierra sobre un episodio que nunca fue aclarado y algunas de las víctimas siguen vivas y no olvidan, hoy parece haber una situación distinta y no hay que descartar que algunos de los responsables de los delitos cometidos entonces, tengan ahora que ir al banquillo de los acusados.

Pero no sólo algo ha cambiado en el país. También es un hecho que existe una Corte Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, constituido en su versión contemporánea por los Convenios de Ginebra, un conjunto de normas para proteger a las personas de las calamidades de los conflictos armados y limitar los métodos y medios utilizados en la guerra, que Colombia ha suscrito y está obligada a cumplir.

El afán de tender un manto de olvido sobre la tragedia del Palacio de Justicia explica por qué en investigaciones anteriores no fueron tenidos en cuenta los videos y las declaraciones de numerosos testigos, entre ellos miembros del Ejército y de la Policía. Por qué fue retirada la vigilancia del edificio un día antes de la toma; quién dio la orden de ocupar a sangre y fuego el cuarto piso del Palacio donde murieron 40 personas, entre ellas los 11 magistrados de la Corte Suprema; quién inició el fuego la noche del 6 de noviembre; por qué lavaron con mangueras la escena del crimen; por qué impidieron a Medicina Legal hacer un levantamiento técnico de los restos; cuál fue el papel del narcotráfico; cuáles las responsabilidades de los militares (sólo existe una decisión de fondo en este caso: la destitución del general Arias Cabrales, luego tumbada por el Consejo de Estado). En fin, muchos interrogantes abiertos sobre los cuales, 21 años después, algunas víctimas y muchos colombianos quieren y deben saber las respuestas.

En medio de todo empieza a quedar claro que sin verdad no es posible pasar impunemente las páginas tristes de la historia. Los fantasmas tarde o temprano se levantan. Por eso ahora, cuando el país está embarcado en un proceso de paz con los paramilitares, no sobra recordar lo que dijo el presidente Uribe hace un año y que levantó ampollas: "Colombia no puede repetir esos errores ni a favor de los paramilitares ni a favor de los guerrilleros". ¿Y de los militares, qué?.

DESAPARECIDOS
1. Norma Constanza Esguerra 2. Luz Amparo Oviedo 3. Gloria Anzola4. Héctor Beltrán 5. Cristina Guarín 6. David Suspes

YESID REYES EN FRASES
Yesid Reyes Alvarado, hijo del asesinado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, habló con CAMBIO sobre el nuevo impulso que ha tomado el proceso de investigación por los hechos del Palacio de Justicia. Está tan confiado en el éxito de las pesquisas que tomó una decisión crucial: no usará más la corbata negra que lo acompañó desde el 7 de noviembre de 1985.

-"Se lo digo gráficamente: he decidido quitarme la corbata negra. Duré 21 años molesto porque a todo el que preguntaba por lo del Palacio de Justicia le decían que estaba loco. Siempre me dijeron deje así, no moleste".

-"Finalmente tengo la tranquilidad de que se va a saber qué pasó. No se trata de que haya pena de muerte para los responsables, pero por lo menos se va a saber qué pasó".

-"Por primera vez veo un proceso serio de investigación sobre estos hechos".
-"Esto tiene una implicación enorme. Eso pasa con los procesos de paz mal terminados. Todos los días le aparecen nuevos fantasmas. Mire lo que les pasa a Antonio Navarro, a Gustavo Petro".

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ EN FRASES
Cuando era Procurador General, Alfonso Gómez Méndez destituyó al general Jesús Armando Arias por violaciones al derecho humanitario durante la recuperación del Palacio de Justicia. Años más tarde, en 2001, como Fiscal General, Gómez Méndez creó una comisión especial de fiscales que encontró en una fosa común los restos de Ana Castiblanco, una de las personas desaparecidas del Palacio de Justicia. Por eso, en noviembre pasado, 20 años después del holocausto, Gómez Méndez escribió un documento muy crítico sobre los antecedentes y consecuencias de esa tragedia.

-"Dados los antecedentes inmediatos, nadie -ni siquiera los propios terroristas- imaginó que la reacción del Estado fuera un operativo militar, totalmente desordenado, en el que no contó para nada la vida de los rehenes inocentes".
-"Aquí puede estar la clave para comenzar a desentrañar la verdad de lo que ocurrió. ¿Quién dentro de las Fuerzas Armadas ordenó el retiro de la vigilancia en el edificio? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué los guerrilleros encontraron tan fácil el camino que los llevaba a una inexorable muerte?".
-"Colombia tiene que romper ese ’pacto de silencio’ si en verdad quiere superar sus problemas de violencia. En esa época, alegando la necesidad de la paz, se archivaron apresuradamente todas las investigaciones".
-"No se construye Nación sobre la base del olvido. Es exactamente lo mismo que se quiere hacer ahora frente al mal llamado proceso de paz con los paramilitares. No se quiere que se investigue quiénes los financiaron, apoyaron, estimularon o toleraron incluso desde el lado estatal. El país no debe tenerle miedo a su verdad por dolorosa que sea".
-"Ojalá la Comisión que ha creado la Corte, y la investigación que ha retomado el Fiscal General, logren resolverle al país estos interrogantes, tapados durante veinte años por la ’justicia política’.

*Basado en : http://www.cambio.com.co/html/portada/articulos/5254/

"El informe puede abrir las puertas de la justicia internacional*"

Para Camilo Calderón, hijo de Fabio Calderón, uno de los magistrados que perdió la vida en la toma del Palacio de Justicia, el informe de la Comisión de la Verdad no tiene muchos elementos novedosos, pues incorpora verdades que ya estaban en la conciencia colectiva del país.

Por el contrario, Mauricio Gaona, hijo de Manuel Gaona, otro de los magistrados asesinados en el holocausto, considera que el informe sí brinda conclusiones nuevas, como la que establece que el M-19 le disparó al magistrado Gaona. Igualmente, cree que el solo hecho de que una comisión integrada por juristas con absoluta credibilidad confirme lo que eran simples rumores de corredor es un gran aporte.

Calderón, sin embargo, afirma que el documento de la comisión tiene muchos elementos valiosos, pues por primera vez se califican las actuaciones de la guerrilla y el Estado de forma clara y ordenada, se muestra toda la impunidad que hubo frente al holocausto y concluye que todas las decisiones judiciales adoptadas en estos 21 años contradicen la lógica y la realidad de los hechos.

Tanto Calderón como Gaona creen que el informe puede abrir las puertas de la justicia internacional, pues en él se concluye que no se trató de un delito político, sino de verdaderos crímenes de lesa humanidad, que no prescriben.

Para estos dos abogados víctimas del asesinato de sus padres, el mayor valor que tiene el informe es cultural e histórico, más que judicial. Gaona afirma que aunque la verdad resulta incómoda para muchos sectores poderosos, ya está establecida, y al país le corresponde decidir qué hacer con ella.

Calderón resalta que la comisión realizó su trabajo sin el apoyo del Estado, de la clase política y del sector privado. Estamentos que, a su juicio, le dieron la espalda, cuando debieron apoyarla. Por ello, destaca que estos tres magistrados, con dinero de su propio bolsillo, le hayan regalado un poco de verdad al país.

*Tomado de Ámbito Jurídico, 20 de Noviembre de 2006. No 214. LEGIS.

Judiciales

Expectativa por informe de la Comisión sobre toma del Palacio de Justicia

* Tomado de: www.elpais.com.co-Colprensa

Tras 21 años de desesperanza y angustia, los familiares de las víctimas y desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia aguardan el informe que este miércoles presentará la Comisión de la Verdad, integrada por los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Nilson Pinilla, José Roberto Herrera y Jorge Aníbal Gómez. La Comisión fue creada en noviembre de 2005 para esclarecer lo sucedido los días 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma guerrillera del M-19 al Palacio de Justicia y la respuesta del Estado, en cabeza del ex presidente Belisario Betancourt, todo con el fin de recuperar el máximo tribunal de la Justicia en Colombia.

Desde entonces los magistrados sostuvieron cerca de 54 entrevistas, con los familiares de las víctimas, quienes desde hace 21 años reclaman verdad, justicia y reparación. Así mismo, fueron escuchados ex militantes del M-19, hoy reintegrados a la vida civil, oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública retirados que participaron en la "retoma" del Palacio.

Entre los reinsertados del M-19 que desfilaron ante los ex magistrados estuvo el actual senador Gustavo Petro, el ex senador Antonio Navarro, el director de Prosocial, Rosemberg Pabón; y Otty Patiño. Por la Fuerza Pública, asistieron oficiales y sub oficiales como el coronel Alfonso Plazas Vega, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada del Ejército, el General Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército Nacional y el hoy agregado militar en Chile, general Carlos Alberto Frasica. También dieron sus respectivos testimonios altos funcionarios del gobierno de entonces como el ex presidente Belisario Betancourt y los ex ministros de gobierno y de justicia, Jaime Castro y Enrique Parejo, respectivamente.

El informe

Como lo pudo establecer Colprensa el informe preliminar, que apenas superará las 20 páginas, y que verá la luz pública este miércoles no pretende establecer responsabilidades individuales, pero sí contendrá apartes en los que se procura dar respuesta la respuesta que por dos décadas se han hecho los colombianos y más aún los afectados directos, ¿qué fue lo que pasó durante los días 6 y 7 de noviembre en el Palacio de Justicia?, pregunta ésta que hasta el momento es la que titula el informe. Para resolver ese interrogante los ex magistrados se basaron en documentos y libros que durante dos décadas han tratado de esclarecer la verdad y establecer la responsabilidad, además han sido observados videos, grabaciones de audio y procesos judiciales. No se descarta que el documento, de carácter histórico, como lo califican los juristas sirva a la Fiscalía en los procesos que por estos días adelanta por los hechos del Palacio y la desaparición de, por lo menos, once personas.

Al ser interrogado sobre los directos responsables del holocausto, el magistrado José Roberto Herrera, señaló que "la Corte nos dijo que no podíamos deducir responsabilidades individuales, pues además no somos jueces, no podemos condenar a nadie. Tenemos esa limitante" . Y añadió que "la función de quienes integran la comisión de la verdad no es la de jueces, no tenemos esa función punitiva". "El objetivo y la función de una ‘Comisión de la Verdad’, valga la redundancia, es decir la verdad y esclarecer la verdad, más que un carácter represivo" , agregó Herrera.

Las víctimas

Lo que resta establecer es si las preguntas que se han hecho los familiares de los asesinados y los desaparecidos, como es el caso de René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, y Cecilia Cabrera, esposa de Carlos Augusto Rodríguez, dos de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, serán resueltas satisfactoriamente. Pues ellos aún no pierden las esperanzas de que ese informe sea una verdadera forma de ejercer justicia. ¿Por qué se retiró la guardia del Palacio tres días antes de la toma a sabiendas de las amenazas de la guerrilla y de los extraditables? ¿Qué pasó con los empleados de la cafetería? ¿Por qué el juez 78 penal militar, sin estar a cargo de la investigación, le pidió a medicina legal la entrega de los cadáveres que había sido llevados allí, argumentando un presunto plan del M-19 para robar los restos del líder insurgente Andrés Almarales, quien murió en la retoma del Palacio?, son solo algunas de las muchas respuestas que esperan oír hoy los familiares de las víctimas al igual que los sobrevivientes de los trágicos hechos que enlutaron el país en 1985.

"Sólo falta establecer responsabilidades": Fiscalía

En noviembre del año pasado, simultáneamente a la creación de la comisión de la Verdad el Fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana desempolvó las investigaciones y en menos de un año se logró establecer, con pruebas, que al menos una persona fue desaparecida: Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. La evidencia, los videos que registran el momento en que varias personas abandonaban en Palacio acompañados por la Fuerza Pública. Cecilia Cabrera, esposa de Carlos Augusto, aceptó el llamado de la Fiscalía y con fotos de su esposo corroboró, también en un video que su esposo salió con vida.

Por esos hechos la Fiscalía ha llamado a indagatoria al coronel ( r ) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante del B2 del Ejército, unidad que adelantó las operaciones de identificación en la Casa del Florero, a donde eran conducidas las personas rescatadas. También fueron vinculados a la investigación los sargentos viceprimeros Luis Fernando Suárez Parra y Ferney Causaya Peña, al igual que los sargentos segundos Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Jiménez Gómez, quienes para la época de los hechos pertenecían al B2 de inteligencia de la Décimotercera Brigada del Ejército.

Testigos

La Fiscalía también confirmó que en curso del proceso del Palacio de Justicia ha requerido, a manera de testimonio, las versiones del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, la del actual director de la Dijín de la Policía, Óscar Naranjo y la del general Jesús Armando Arias Cabrales. Plazas declaró el pasado 15 de septiembre y rindió su versión de lo sucedido en el operativo realizado en el Palacio de Justicia para liberar los rehenes del M-19, pues en ese entonces era el comandante de la Escuela de Caballería del Ejército. El general Óscar Naranjo, actual director de la Dijín, ya acudió a dar su versión en la Fiscalía, pues hacía parte de los organismos de inteligencia de la Policía en 1985 y para el ente acusador su versión era de importante aporte a la investigación. El general Arias Cabrales también dio su versión en la Fiscalía, puesto que en 1985 era el comandante de la Decimotercera Brigada del Ejército en Bogotá. Así mismo el general Carlos Alberto Frasica, quien para la época de los hechos oficiaba como mayor adscrito a la Escuela de Artillería del Ejército, también dio su versión libre.

Dos décadas sin noticias

La mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, Cristina del Pilar Guarín, de 27 años de edad, licenciada en Ciencias Sociales, llegó a laborar en la Corte Suprema de Justicia como cajera en la cafetería, cargo éste que desempeñaba desde hacía pocos días. Casi simultáneamente ingresó a la edificación Carlos Augusto Rodríguez, de 30 años de edad, quien administraba de la cafetería de la Corporación. Minutos más tarde, arribaron puntualmente, como todos los días David Suspes Celis, cocinero jefe; Bernardo Beltrán Hernández, mesero, y Luz Mari Portela, lavadora de platos. Uno a uno cruzaron el umbral de la puerta para funcionarios sin imaginarse que nunca más cruzarían esa puerta, pues tres horas y cuarenta minutos más tarde llegaron a la edificación 35 integrantes miembros del M-19 para tomarse, por dos días, la edificación.

Link: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Noviembre142006/palac.html

RESPONSABLES DEL HOLOCAUSTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA

PRINCIPALES RESPONSABLES*:

1. Presidente Belisario Betancur, dedicado a la pintura y la poesía. Ha escrito un libro contando la verdad de lo sucedido que se conocerá después de su muerte.


2. Ministro de Gobierno Jaime Castro quien el año pasado expresó que si esta situación se volviera a presentar se actuaría de la misma forma.


3. Ministra de Comunicación Noemí Sanín, actualmente embajadora en España. Prohibió que el mensaje del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, solicitando un cese al fuego, fuera retransmitido por los medios de comunicación.


4. Ministro de Defensa General Miguel Vega Uribe. Murió en 1994.


5. Director General de la Policía, General Víctor Alberto Delgado Mallarino actualmente en retiro, ha dicho que algún día escribirá un libro contando la verdad de los hechos.


6. Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ex director de estupefacientes en el gobierno de Alvaro Uribe. Ex candidato al Congreso de la República en las listas uribistas.


7. Mayor Carlos Fracica, hoy General y comandante del Plan Patriota.

Hace mas de 21 años, el 7 de noviembre de 1985 a las 2:30 p.m. terminó la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Militares, luego de una reacción desproporcionada, brutal e irracional del Estado Colombiano a la toma realizada por 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril -M-19-, operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, con la que pretendieron realizar un juicio político al entonces Presidente de la República, Belisario Betancur por el fracaso del proceso de negociación.
A esas horas de la tarde salieron del Palacio de Justicia, los últimos sobrevivientes, todos eran llevados a la Casa del Florero, conocido por los colombianos, por la historia de independencia. Durante esos dos días ese lugar fue el espacio de los interrogatorios, de las primeras torturas, allí fueron llevados varios de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. Y luego trasladados a las guarniciones militares y de allí, solo los responsables de la operación militar institucional saben de su paradero. Algunos fueron llevados al Cantón Norte, otros al Batallón Guardia Presidencial. Se cree que algunos después de las torturas fueron asesinados, llevados de nuevo al Palacio de Justicia y colocados entre los restos de personas calcinadas, a otros los enterraron junto con los restos de las víctimas de la erupción del volcán nevado del Ruiz. Muchos de los militares sobreviven, han ocupado cargos en el gobierno del Presidente URIBE, muchos de ellos transitan en las calles de las ciudades colombianos, porque ellos "defendieron la democracia".

En la Casa Museo del Florero, el Comandante de la XIII Brigada y el B-2 de esa Unidad Militar instalaron su Cuartel General. El Teniente Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2, coordinó parte de los operativos. El Capitán Miguel Ángel Cárdenas Obando, de la Sección 2 de la XIII Brigada, el Mayor Vélez del F-2 de Bogotá, y los Mayores Guillermo León Vallejo y Carlos Fracica Naranjo, de la Escuela de Artillería, fueron coordinados por el militar Sánchez. El Comandante de la Escuela de Artillería, Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, fue el coordinador de los operativos de ingreso al Palacio con Tanques Uruburu y Cascabel, con los que rodearon el Palacio de Justicia, lo raquetearon y produjeron el incendio. La toma de la guerrilla del M-19 en el centro de Bogotá se inicio a las 11:30 a.m. del 6 de noviembre, pocos minutos después se inició el ataque policial y de las Fuerzas Militares. Fueron 28 horas de terror estatal a la acción de la guerrilla. No eran posibles los Derechos Humanos, el derecho Humanitario, el Derecho de Gentes. En manos del Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Mayor General Rafael Samudio Molina, y del Comandante de la XIII Brigada del Ejército, quedó el manejo de la toma y la salvaguarda de los rehenes del M-19. El Presidente Belisario Betancur expresó que él asumía toda la responsabilidad.

A pesar del llamado del cese al fuego ante la feroz recuperación de la sede de instancias constitucionales y jurisdiccionales, entre ellos el del Presidente de una de la Corte, el Doctor Alfonso Reyes Echandía, a través de la radio Todelar, a la que la Ministra de Comunicaciones en ese entonces, NOEMI SANIN, hoy embajadora en España, convoco a la "autocensura" y a la transmisión del partido de fútbol Millonarios contra Magdalena. El silencio, la tergiversación no pudo evitar que las transmisiones del ejército fueran grabadas por radioaficionados en los que se prueba los objetivos explícitos de la contra toma militar, de las operaciones desarrolladas y de la responsabilidad de las Fuerzas Militares en más de 100 crímenes entre ellos de los magistrados de las altas cortes. Las víctimas fueron 11 Magistrados, 32 civiles, 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas y del DAS muertos; dos insurgentes y 11 civiles desaparecidos, y dos estudiantes torturados[1].

Muchos de los civiles y guerrilleros habían sido virtualmente ejecutados, mientras que la mayoría de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en poder de miembros del Ejército. Terminada la toma los militares ordenaron la limpieza de los escombros, borraron varias pruebas de su responsabilidad en esa acción, tratando de desviar desde el comienzo la investigación. El aparato de investigación de ese momento, inició la investigación penal, remitiendo las actuaciones correspondientes a los militares implicados en los hechos a los Tribunales Castrenses para su enjuiciamiento. Ningún militar fue condenado por las varias ejecuciones y desapariciones registradas el 6 y 7 de noviembre.La Procuraduría profirió un fallo contra el Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, que produjo un respaldo de los sectores de poder indicando que había "que encontrarle un remedio a esa injusticia". Hoy 21 años después la impunidad es el cimiento del nuevo edificio del Palacio de Justicia. El caso del holocausto del Palacio de Justicia continúa sin esclarecerse judicialmente. La memoria en la historia de las victimas y de sus familias demuestra que la verdad real es la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas y los Crímenes de los Magistrados.

La voluntad del Establecimiento ha sido la impunidad, la focalización de la responsabilidad de los Crímenes a la guerrilla, responsable de los asesinatos de agentes de seguridad y de la fuerza pública y responsables de la primera toma. Pero la lógica cimentada en el Estado de usar la fuerza a como de lugar, la fuerza de la respuesta militar a toda costa, de manera abierta y pública mostró a los colombianos desde ese momento que los Manuales de operación del ejército distan mucho de proteger la vida e integridad de las personas, que los mecanismos de control y de terror no son basados en orden a la justicia sino en el del guerrero vengador. Desde ese día hasta hoy los colombianos conocemos lo que las Fuerzas Militares son capaces de hacer por defender la institucionalidad disfrazada de democracia.

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[1] Informe del Tribunal Especial de Instrucción, publicado en el Diario Oficial No. 37509, de junio 17 de 1986, pp. 59 a 61.

*FUENTE: http://es.geocities.com/justiciaypazcolombia/

LA MAFIA SUPUESTAMENTE FINANCIÓ A LA GUERRILLA

Acercamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La Comisión también afirmó que el M-19 fue financiado por el narcotraficante Pablo Escobar. La versión es recogida de la voz de un antiguo empleado del capo, ahora servidor del paramilitarismo, quien el año pasado en un libro publicado en asocio con una periodista declaró que el millonario pago por la acción había sido recibido por los comandantes Iván Marino Ospina, muerto tres meses antes de la toma, y por el legendario Jaime Bateman Cayón, fallecido en un accidente aéreo tres años atrás. Las mentiras han sido evidentes y ahora son expuestas por esta Comisión como pruebas irrebatibles. Es claro que si está guerrilla hubiera recibido dos millones de dólares como se afirma, no hubiera entrado tan mal armada, hubieran podido comprar las armas antitanque, cuya carencia, de entrada, definió su pronta derrota. Si el M-19 hubiera contado con algún tipo de financiación, el comando que no logró entrar no hubiera tenido que robar un destartalado camión de la plaza de mercado de Corabastos para llegar al sitio, ni se hubieran retirado del lugar juntando monedas para su transporte.

En una grabación enviada a medios de comunicación y autoridades competentes, varios oficiales del ejército denuncian que bajo tortura se intentó obligar a uno de los guerrilleros capturados tras la toma -posteriormente asesinado y desaparecido- a firmar un documento en el cual confesaba haber recibido dinero de la mafia. Los oficiales también alertaron sobre la retención de varios de los empleados de cafetería en batallones militares, incluso revelaron los apellidos de algunos de ellos, quienes, acusados de cómplices de la guerrilla, fueron torturados, asesinados y sus restos desaparecidos en ácido de batería.
El Informe del Tribunal Especial de investigación creado en 1986 con el único propósito de esclarecer estos hechos, afirmó enfáticamente que no existían evidencias de que la toma hubiera sido ejecutada en asocio con la mafia, y es de reconocer que tales vínculos fueron desmentidos, en momentos en los cuales se pagaba por demostrar lo contrario.

Hoy la opinión pública y los principales medios de información del mundo repiten a la ligera que el M-19 entró financiado por Pablo Escobar. Recibieron 2 millones de dólares, mucha plata, para quemar las copias de unos expedientes y asesinar magistrados. Hoy posee mayor credibilidad la versión de un ex empleado del narcotráfico y en la actualidad servidor de las oscuras fuerzas del narcoparamilitarismo, que el testimonio de las victimas, de los testigos y los análisis de la época. El M-19 no era una guerrilla vendida al narcotráfico y eso tiene que quedar muy claro, aunque sea ciertoque esto no la exime de su responsabilidad en los hechos. Su fin era político y por ello acudieron al máximo poder de la justicia del país para plantear una demanda armada ampliamente sustentada.
Sin embargo, hoy nadie quiere hacer mención a las verdaderas causas que impulsaron la toma del Palacio, nadie hace referencia a lo que significó ese frustrado proceso de paz ni a las razones que lo frustraron; nadie quiere escuchar que habían una demanda política clara y no de beneficio propio, porque la guerrilla M-19 no estaba conformada por mercenarios de guerra nacidos en las bandas sicariales de Medellín como los paramilitares; había una propuesta de reconciliación posible y de diálogo nacional. El M-19 incursionó, es cierto, de forma violenta en el Palacio para ser escuchado, para pedir que la reserva moral del país enjuiciará al mandatario por traición a los pactos firmados, para que el país supiera que estaba pasando con los recursos naturales que se entregaban a manos llenas a emporios internacionales, quería que el país supiera que en plena tregua su vocero en las mesas había sido victima de un atentado que casi le cuesta la vida, que el ejército no había cesado sus ataques a los campamentos de paz y que días después de firmada la paz, el pacto de tregua había sido burlado por el Gobierno Nacional. Querían juzgar ese acto de traición y a su máximo representante, el presidente Betancur. Querían mediante la presión de las armas- quizás ese fue su error- obligar al estado colombiano y a todas las fuerzas democráticas de la nación a realizar un gran pacto social que diera garantías a las mayorías empobrecidas y explotadas del país, y querían que se hicieran públicas las actas de la Comisión de Verificación, que demostraban la violenta acción militar en tiempos de "paz".
Hoy pocos quieren reconocer que allí se frustró nuestra última propuesta democrática.

El M-19 se equivocó, por supuesto que se equivocó. No supo interpretar la realidad nacional, no fue capaz de ver que esa honorable corte elegida como juez del gobierno, en primer lugar no tenía potestad para serlo, y en segundo lugar tenía una enemistad casada con las Fuerzas Armadas a las que investigaban por violaciones a los derechos humanos y por primera vez en la historia la alta cúpula militar del país iba a ser enjuiciada por tortura y desaparición forzada. El M-19 no supo reconocer que el ejército deseaba su destrucción a cualquier costo, era una guerrilla extremadamente popular, osada, compuesta por carismáticos líderes, profesionales, había herido el orgullo militar con el robo de cinco mil armas del Cantón Norte cinco años atrás, había burlado su brutalidad con el éxito político alcanzado en la toma de la Embajada Dominicana (Líderado por el Comandante Uno, Rosemberg Pabón. Hoy mano derecha del Presidente Uribe), había sido un enemigo invencible en el plano de la contienda militar, había realizado un atentado contra el general Rafael Samudio Molina, máximo jefe del Ejército Nacional, días antes de la toma, y en otra audaz acción había tomado por asalto el Batallón Cisneros de Armenia colocando a las fuerzas de orden, nuevamente en ridículo ante el país; el Eme tampoco entendió que se encontraba frente a unas Fuerzas Armadas adiestradas en la escuela del sur, en la escuela de la tortura y que no sabían que la guerra tiene unas normas y que existe un derecho internacional humanitario. Y así, ingenuos y optimistas, los retaron en la toma del Palacio y creyeron que un presidente traidor negociaría con ellos. Creyeron que el poder judicial tenía valor en un país tan poco dado a la grandeza de sus gobernantes.

El M-19 se equivocó desde el plano político y militar y pagó las consecuencias con la muerte de todos los guerrilleros que participaron en la toma, a excepción de una sobreviviente que milagrosamente logró salir del país. La gran mayoría de los jóvenes guerrilleros que incursionaron en el Palacio no murieron en la acción del combate sino ejecutados con tiros de gracia como también ya lo demostró Medicina Legal y el estudio forense desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia; es decir en un crimen de guerra. Por ello ninguno de los combatientes que entró al Palacio fue amparado con la ley de indulto firmada en 1989; todos murieron aesinados dentro del Palacio o bajo la tortura en los batallones militares. La comandancia de la organización que no hizo parte del Comando Iván Marino Ospina, también fue posteriormente ejecutada fuera de combate como se recuerda en el caso del Comandante Álvaro Fayad, asesinado junto a una mujer embarazada en extrañas circunstancias el 16 de marzo de 1986 en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. Posteriores investigaciones sobre el caso terminaron prontamente con el exilio forzado de quienes intentaron llegar al fondo del confuso crimen.

La toma del Palacio entonces es la peor muestra de un crimen de estado, orquestado, por no querer ir más lejos ni tener que hacer referencia al poder ejecutivo o a gobiernos extranjeros, por las Fuerzas Armadas.
Los hechos así lo evidencian.

1. Se retira misteriosamente la seguridad del Palacio. Las declaraciones de los oficiales justificando está acción son falsas y esto queda demostrado, sin embargo, estos en vez de ser sancionados son promovidos a cargos superiores. La Comisión de la verdad no intenta esclarecer este hecho, que sin duda se constituye en pieza clave de este siniestro rompecabezas; porque su misterioso retiro contrariando las medidas de seguridad establecidas un mes atrás ante las amenazas de que eran victimas los magistrados por los extraditables y al haber sido descubierto un plan de la guerrilla de tomarse el Palacio, lo que buscaría era tenderle una trampa a la guerrilla, masacrarlas y de paso asesinar a los magistrados que se oponían furiosamente a los desmanes militares.
2. Con celeridad extrema, sin dar tiempo a la negociación política pese a los clamorosos llamados del presidente de la Corte, silenciado por orden de la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín que impuso la censura, se empleó excesivo material de guerra; es decir que desde un comienzo se desconocieron los principios sbre proporcionalidad, limitación y distinción del DIH establecido en acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento.
3. Nunca se intentó negociar con los asaltantes, la política imperante fue la de tierra arrasada y el Presidente nunca aclaró cuál fue su posición y si efectivamente como siempre se ha rumorado, se le propinó un transitorio golpe de Estado o las Fuerzas Armadas desde tiempo atrás ya venían controlando al poder ejecutivo.
4. Las comunicaciones al interior del Palacio fueron misteriosamente cortadas y los contactos que pretendieron establecerse entre insurgencia y gobierno, tanto por parte de la guerrilla al enviar un emisario y de la Cruz Roja al enviar al Presidente de Socorro Nacional, fueron interceptadas por el ejército sin que nunca se diera una explicación satisfactoria.

5. La ministra de Comunicaciones ordenó se transmitieran dos partidos de fútbol para impedir que el país conociera la gravedad de los sucesos que se estaban dando en el centro de la justicia del país. Nunca dio explicaciones satisfactorias.

6. Una vez concluye el operativo de arrasamiento por parte de las fuerzas del estado, se impide el acceso de los peritos de Medicina Legal, los cuerpos fueron minuciosamente lavados y movidos, algunos incinerados como sostuvo una valiente testigo, el lugar fue limpiado por una empresa de aseo y varios restos terminaron en la basura. Se borraron evidencias del lugar de los hechos en forma intencional.

7. La cúpula militar responsable del magnicidio empezó a ser premiada con cargos diplomáticos en el exterior o con cargos de responsabilidad en altas esferas de la vida pública del país; de modo que mientras sus carreras militares iban en ascenso por asesinar, torturar y desaparecer civiles, los familiares de las victimas, además de ser amenazados, fueron silenciados y relegados de todo proceso de reparación o participación social. Fueron beneficiados los victimarios y las victimas excluidas de la memoria nacional.

8. Las Fuerzas Armadas prohibieron se hiciera cotejo balístico de sus armas.

9. Misteriosamente se ordenó exhumar a varios cadáveres de modo presuroso, incluso antes de que pudieran ser reconocidos por sus seres queridos; muchos habiendo sido reconocidos igualmente terminaron en fosa común del cementerio del Sur, posteriormente mezclados con algunas victimas de la tragedia del Nevado del Ruiz ocurrida algunos días después.

10. Se informa a través de los medios de comunicación que el M-19 entró financiado por la mafia para quemar las copias de unos procesos de extradición cuyos originales reposaban en Estados Unidos. Nunca se hace mención de los 1800 procesos, esos si originales, que llevaban los magistrados contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los Derechos Humanos.

FUENTE: http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=827

"ACCIONES DURANTE DOS DIAS, OMISIONES DURANTE VENTIUN AÑOS* "

Acercamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

(Testimonio de los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia). Bogotá, D.C. 18 de noviembre de 2006

Qué concepto de justicia puede construir usted para su vida, si una mañana cualquiera sentado a la hora del desayuno con su hermana, se despide con un beso en la mejilla de ella que trabaja en la Corte Suprema de Justicia y se encuentra con que un par de horas después ocurre allí un holocausto que dura dos días y usted la ve salir viva en custodia del Estado al final de la masacre y veintiún años después no sabe nada de la suerte que ella corrió?
Qué concepto de Nación y qué amor patrio puede tener usted por un país, cuando observa que durante las primeras dos décadas la rama jurisdiccional de ese territorio, en cabeza de ocho jueces, hace todo excepto investigar el delito de lesa humanidad que ocurrió sobre su hermana, que no culpa a nadie, que pasa todo ese tiempo de impunidad y de agache sin que nadie haga nada?
Qué sentimiento de ira se puede generar en su alma cuando usted observa que su papá muere dieciséis años después de esa desaparición, tratando de buscar el rostro de su hija entre las locas que deambulan por el centro de Bogota? Y peor aun que muere sin saber que suerte corrió ella?
Qué imagen puede usted tener de Colombia después de que comprueba que las versiones anónimas que le cuentan que su hermana una vez sacada del palacio fue torturada durante cuatro días en varias dependencias militares, violada, asesinada y su cuerpo metido en acido sulfúrico y cal para ser descompuesto, apuntan a ser ciertas?

Les escribo de Cristina del Pilar Guarin Cortes, una menuda mujer de 27 años (en el año de 1985), licenciada en Ciencias Sociales, con una beca aprobada para estudiar un postgrado en Ciencias de la Educación en España, que iniciaba en diciembre y quien se desempeñaba como cajera temporal de la cafetería del Palacio de Justicia; su gran pasión siempre fue esa, estudiar. Leía, escribía y hablaba perfectamente además de la lengua materna el francés y el inglés; asidua lectora de Dante Aligieri, escritora de cartas de amor en francés, con un alma que vibraba al son de la música salsa soñando con el príncipe azul que nunca llegó.

La vida me brindó la oportunidad de conocer a Cristina, no solamente por el hecho de habernos formado en el mismo vientre, sino por haber compartido nuestras infancias y adolescencias. Estudiamos en los mismos colegios y nuestras vidas tuvieron un destino paralelo hasta su fatídica desaparición, ocurrida para sorpresa mía en un edificio que tiene un letrero en la parte superior que dice: "SI LAS ARMAS OS DIERON LA INDEPENDENCIA, LAS LEYES OS DARAN LA LIBERTAD"; que hechos como estos no los vuelvan a repetir estos malos hijos de Colombia. Verdad, justicia y reparación para los familiares de los desaparecidos del palacio de justicia".

*FUENTE: http://es.geocities.com/justiciaypazcolombia/